La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Varios hermanos en geriátricos de Asturias, forzados a separarse para conservar sus pensiones

Una norma limita sus ingresos si están juntos al considerarlos como una unidad familiar

Tras romperse la cadera, Julia Garijo Casal, de 94 años, decidió dejar su domicilio en Madrid para irse a vivir a una residencia de mayores de Matamala de Almázán (Soria), donde estaba alojada su hermana pequeña, Encarna, de 83 años. Juntas se ayudarían. Sin embargo la convivencia duró muy poco. Julia tuvo que volver a hacer las maletas para regresar a Madrid al enterarse de que Encarna perdería la pensión no contributiva de jubilación de 380 euros mensuales con la que pagaba la residencia porque al vivir juntas, y al recibir Julia una pensión de viudedad, superarían el límite de rentas de la unidad familiar establecido por la Ley.

El caso de Julia y Encarna se hizo popular porque dio origen a un movimiento de recogida de firmas a través de una plataforma digital que cosechó más de 135.000 apoyos y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. No es un caso muy habitual, pero incluso en Asturias se han dado situaciones similares entre hermanos. Fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado señalaron que no hay bases de datos sobre el número afectados en la región, pero sí apuntaron que se han dado algunos casos, incluso dentro de la red pública de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), "en aplicación de la normativa estatal".

Las administraciones, a la luz de la Ley Pensiones, consideran que, por el hecho de convivir en un mismo lugar, aunque sea una residencia de mayores, los hermanos forman parte de la misma unidad familiar y, por tanto, se computan las rentas de ambos. De este modo, si superan el límite establecido en la Ley General de la Seguridad Social para percibir las pensiones no contributivas (8.803 euros al año cuando conviven dos personas en la unidad familiar) se extingue la prestación no contributiva. Fue lo que ocurrió a Julia y Encarna. La Junta de Castilla y León le comunicó a esta última que perdería su pensión no contributiva de 380 euros mensuales debido a la convivencia en la residencia con su hermana, que percibe un pensión de viudedad.

"Este hecho supone una doble consecuencia. La primera, tener que abandonar la residencia de mayores, al no poder sufragar los gastos derivados de la misma. Y la segunda, dejar de convivir con su hermana en unos momentos de la vida en que resultan tan necesarios los lazos familiares y de ayuda mutua", apuntó María Mercè Perea i Conillas, diputada del PSOE, partido que a raíz del caso de Julia y Encarna presentó en el Congreso una proposición de ley para corregir esa "laguna" burocrática.

El debate en el Congreso

Sin embargo la iniciativa del PSOE fue bloqueada en la Cámara Baja por el PP argumentando indisponibilidad presupuestaria para cubrir la medida. Posteriormente, el grupo socialista planteó una proposición no de ley que en ese caso sí fue aprobada el pasado 13 de diciembre con 336 votos a favor y una abstención. Fruto del acuerdo, el Pleno del Congreso insta al Gobierno de Rajoy a reforzar el principio de solidaridad del sistema público de pensiones y a adoptar medidas para que no se consideren unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores. Además, exige que se revisen los expedientes en los que se hubiera extinguido la pensión no contributiva por esa consideración.

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados estima que el gasto que supondría el cambio de consideración de "unidad económica de convivencia" ascendería a unos 13 millones de euros ya que afectaría a unas 400 personas.

Las no contributivas

En Asturias, según datos del Imserso cerrados en noviembre, hay 4.763 beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación que cobran una media de 348 euros al mes. Para darse un caso como el de Julia y Encarna, uno de esos beneficiarios tendría que convivir en una residencia con un familiar que también cobra una prestación y que la suma de sus ingresos conjuntos supere los 8.803 euros anuales. Una combinación que ya se ha dado.

La diputada María Mercè Perea i Conillas destacó en la proposición aprobada en el Congreso que cada vez es mayor la convivencia de personas unidas por lazos familiares dentro de las residencias de personas mayores o en viviendas tuteladas "lo que exige la adopción de medidas que impidan lagunas de cobertura debido a interpretaciones jurídicas alejadas del espíritu y objetivos de la Ley pues provocan e inciden en una mayor situación de la vulnerabilidad de las personas mayores".

Compartir el artículo

stats