El empresario minero leonés Victorino Alonso ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 25,5 millones de euros por destruir la Cueva de Chaves -un yacimiento neolítico situado en el paraje de Casbas, en la provincia de Huesca- para instalar comederos y abrevaderos de cabras en su finca de caza.
El fallo de la Audiencia de Huesca ratifica que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando dio la orden de destruir la Cueva de Chaves y sólo acepta uno de los motivos del recurso que presentó la defensa del empresario: que el proceso judicial se dilató de forma indebida. Por esa circunstancia, la Audiencia redujo la condena de dos años y medio a dos años de cárcel.
El caso se originó por una denuncia de la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (APUDEPA) y de Ecologistas en Acción. La Cueva de Chaves era un yacimento arqueológico situado dentro de una finca de caza propiedad de una de las empresas que controla Alonso, Fimbas. La finca está dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en un entorno protegido por sus valores naturales. Pese a que el yacimiento era conocido, y cada verano la empresa de Alonso autorizaba la entrada a los arqueólogos que lo estudiaban, en 2008 se descubrió que se habían hecho unas obras para nivelar el suelo de la cueva que arrasaron con los restos arqueológicos. Según ha quedado probado en la sentencia, en octubre de 2007 una retroexcavadora de gran tonelaje retiró losas y sedimentos de la cueva, en concreto 2.247 metros cúbicos de restos que luego se depositaron en un barranco cercano. El suelo de la cueva quedó nivelado para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, y se utilizó parte del material para construir un dique de contención de aguas.
La cueva de Chaves estaba considerada, junto a la Cova de l'Or de Alicante, el más importante yacimiento neolítico de la península ibérica. Teniendo en cuenta que aún faltaba por estudiar más del 90% de su espacio, "el daño causado es incalculable y supone un atentado contra el patrimonio histórico de primer orden", señalaron los demandantes de Ecologistas en Acción.
Victorino Alonso, que fue el mayor empresario minero de España y fue propietario de varias explotaciones en el suroccidente asturiano (a través de las compañías Coto Minero Cantábrico y Uminsa), tiene un largo historial de problemas con la justicia, uno de los últimos por la desaparición de carbón del almacén estratégico que gestionaba la empresa estatal Hunosa. Además, hace años, Alonso fue declarado insolvente en un pleito con su exmujer.
