La propuesta esbozada por el Gobierno para ampliar de manera voluntaria el periodo laboral que se tiene en cuenta al calcular la pensión mejoraría los ingresos de los nuevos jubilados que en el último tramo de la vida activa han estado en el paro por la crisis o se han visto obligados a aceptar rebajas de salario o empleos precarios. Han sido situaciones frecuentes en los últimos años, según los expertos, y su rastro estadístico aparece en datos como el siguiente: los asturianos que en 2017 accedieron al retiro lo hicieron con pensiones medias inferiores a las de 2016, tanto en el caso los asalariados del régimen general de la Seguridad Social (1.597 euros brutos al mes) como en el de los autónomos (863,4).
En las siguientes líneas se explican los pormenores del sistema actual para determinar la pensión de jubilación, así como la reformar que sugiere el PP y sus posibles repercusiones.
¿Cómo se calcula la pensión de jubilación? La prestación de los nuevos jubilados se fija a partir de la llamada base reguladora, que a su vez se calcula considerando las cotizaciones de un número determinado de años. Hasta 2013 eran 15 y desde entonces, como norma general y a raíz de la reforma aprobada en 2011, se ha ido añadido un año en cada ejercicio, hasta que en 2022 se alcancen los 25. Para 2018, la base reguladora se estima considerando las cotizaciones de los últimos 21 años de vida laboral (actualizadas con arreglo a la inflación). Sobre las cifras resultantes se realiza una nueva operación que de nuevo tiene en cuenta el historial de cotización del trabajador: con 15 años cotizados, tendrá derecho a una pensión equivalente al 50% de la base reguladora, y por cada año extra se añadirá un nuevo porcentaje. En la actualidad, para alcanzar el 100% son necesarios 35,5 años cotizados. En 2027, cuando la reforma surta todos sus efectos, serán precisos 37 años de cotización.
¿En qué consiste la propuesta del Gobierno y del PP? Por lo que ha trascendido hasta el momento se trataría de que el trabajador pudiera elegir, llegado el momento de la jubilación, que su pensión se calcule teniendo en cuenta toda su vida laboral y no únicamente los últimos 21 años (o el límite que esté vigente en cada momento). La fórmula estaría sólo al alcance de quienes tienen carreras laborales largas e incluiría la posibilidad de dejar fuera del cómputo, a elección del jubilado, un número limitado de años (se habla de cinco) en los que las cotizaciones hubieran sido más bajas. El PP es igualmente partidario de elevar por encima de los 25 años el periodo de cómputo como norma general, algo que se está discutiendo en la Comisión del Pacto de Toledo.
¿Qué consecuencias tendría la ampliación voluntaria del cálculo? "Sería positivo para quienes han tenido periodos de cotización discontinuos, con subidas y bajadas en sus bases de cotización", responde Marcos Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias. Y concreta: "Mucha gente perdió su trabajo y dejó de cotizar durante la crisis o ha vuelto a hacerlo con contratos y salarios más precarios en los últimos años anteriores a la jubilación. Imaginemos una persona que estuvo cotizando por 1.500 euros y que con 59 años cotiza ahora por la base mínima, como asalariado o como autónomo: puede que cuando llegue a la pensión pierda 200 euros al mes".
¿Qué impactos tienen ya esas situaciones? La pensión media de los nuevos jubilados asturianos del régimen general (asalariados) fue en 2017 de 1.597 euros brutos al mes, inferior a la de 2016 (1.611) y la más baja desde 2012. Esa señal estadística es un reflejo de problemas como los siguientes: la merma en las pensiones de quienes en los últimos años de su vida laboral estuvieron en paro por la crisis o desempeñando ocupaciones peor retribuidas que las que tuvieron antes; el resultado también guarda relación con las penalizaciones sufridas por los trabajadores que, a menudo por despidos o por el cierre prematuro de sus negocios como autónomos, se ven obligados a acogerse a jubilaciones anticipadas. La actual regulación ya contempla medidas para aligerar el recorte que pueden tener los ingresos de los nuevos pensionistas. Es el caso de los convenios especiales (el trabajador llega a un acuerdo con la Seguridad Social por el que cotiza para que no se reduzca su pensión futura). Como explica Marcos Martínez, esa vía, que no está a alcance económico de todo el mundo, es usada con frecuencia por trabajadores en paro que destinan a ello el dinero de sus indemnizaciones por despido. El sistema también faculta a los mayores de 55 años que pierden sus empleos a ampliar a 25 años el periodo de cómputo para la pensión.
