El Gobierno pretende cambiar la controvertida norma que entró en vigor hace solo un año y por la cual los socios minoritarios de las sociedades mercantiles no cotizadas en Bolsa tienen derecho a reclamar que la empresa -si lleva al menos un año en beneficios- les compre sus acciones a un precio razonable si durante tres ejercicios la sociedad no reparte dividendos.
Esta norma la decidió el ejecutivo del PP para proteger a los socios minoritarios de eventuales abusos por parte de los mayoritarios que, con participación en la gestión y remuneración por esta vía, pueden votar sistemáticamente en contra del reparto de beneficios, lo que dejaría a los demás accionistas no sólo sin capacidad de decisión sino también sin remuneración.
Según desveló "El Economista", el ejecutivo va a rectificar esta reforma apenas un año después de su entrada en vigor: ha presentado una proposición de ley para reducir el "gran poder" que su norma de 2017 otorgó a los minoritarios y atenuar el riesgo de crisis de la empresa si carecen de liquidez para recomprar las acciones. La nueva propuesta endurecerá las condiciones.
