Emilio Saracho, presidente de Banco Popular en el momento en el que se precipitó la crisis de la entidad en junio, no compareció ayer en el Juzgado de primera instancia número 11, de Oviedo, en el que estaba citado como testigo por la demanda planteada contra la entidad financiera por un taxista de la comarca del Nalón que perdió los 30.000 euros que invirtió en la última ampliación de capital del banco. Saracho pidió el aplazamiento de su comparecencia y hacerlo por videoconferencia. El juez, Eduardo García Valtueña, accedió a esta petición y Saracho deberá prestar testimonio el 8 de marzo de desde un Juzgado madrileño.
El secretario del consejo del Popular cuando se produjo la crisis, Francisco Aparicio Valls, sí prestó testimonio en Oviedo, aunque también había excusado su ausencia. Aparicio respondió a las preguntas del letrado ovetense Jorge Álvarez de Linera salvo a las referidas a las causas por las que fue relevado Ángel Ron en la presidencia y también fue sustituido el consejero delegado antes de la crisis del banco. Álvarez de Linera reclamó a su vez información a la CNMV para tratar de determinar si las pérdidas del banco en el primer semestre de 2017 pudieron ser resultados negativos previos a la ampliación de capital y ocultados a los inversores.
