En medio del debate sobre la sostenibilidad del sistema públicos de pensiones, el Gobierno de España aprobó ayer varias medias para fomentar los planes privados. La reforma permitirá a los partícipes en fondos de pensiones retirar a los diez años, sin limitaciones, las aportaciones. Además la norma reduce las comisiones máximas que los ahorradores pagan a las entidades gestoras.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto de Modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. El objetivo es estimular el ahorro y elevar el atractivo de esos productos, según afirmó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que apuntó que estas pensiones privadas "son compatibles con las pensiones públicas, derecho irrenunciable de los españoles que impulsamos desde el Gobierno con políticas que favorecen el crecimiento y la creación de empleo".

Más de 8 millones de españoles cuentan con planes de pensiones privados. En Asturias, al cierre de 2016, eran 141.957, un 4% menos que el año anterior según los datos que maneja la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Ni la alarma sobre el agotamiento de la "hucha de las pensiones", ni los airados debates sobre el sostenimiento del sistema público, ni la caída de la rentabilidad de los depósitos bancarios han sido estímulos suficientes para la contratación de planes privados de pensiones. En Asturias sólo los tienen el 13,6% de la población, la segunda tasa más baja entre las comunidades autónomas después del País Vasco.

Para fomentar la contratación de estos productos, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que tiene como principales puntos:

Más liquidez. Con la reforma los partícipes en planes y fondos de pensiones podrán retirar a partir del 1 de enero de 2025, sin limitación, las aportaciones con una antigüedad de al menos diez años, es decir, las realizadas hasta 2015, así como los rendimientos generados. Las que se hayan hecho a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026 y así sucesivamente. Hasta ahora, para poder rescatar las aportaciones antes de llegar a la edad de jubilación tenían que darse circunstancias especiales como ser parado de larga duración, tener un enfermedad grave o encontrarse inmerso en un proceso de desahucio.

Menos comisiones. La norma rebaja las comisiones máximas de gestión, que serán del 0,85% para los fondos de renta fija (lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual), del 1,30% para los fondos mixtos (20 puntos básicos menos) y del 1,50% para los de renta variable (el mismo límite que se utiliza actualmente). Con los nuevos porcentajes, la comisión media calculada según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,5% al 1,25%, a la vez que se reduce la comisión máxima de depósito del 0,25% al 0,20%. Méndez de Vigo destacó ayer que el Gobierno ya había reducido las comisiones de gestión en 2014, que supuso entonces una caída del 30%. Desde el Gobierno se destacó ayer que la reducción de los costes de gestión y depósito tendrá un efecto positivo en la rentabilidad neta que obtienen los partícipes por sus ahorros, especialmente en los fondos de pensiones de renta fija, que se han visto afectados por los bajos tipos de interés. En 2016 el 27,3% de los planes de pensiones individuales contratados en Asturias eran de renta fija, el 21,8% garantizados (rentabilidad objetivo), el 41,1% mixtos y sólo el 9,8% de renta variable.

Entrada en vigor. Aunque el real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y depósito se hará efectiva dos meses después. Según explicó Méndez de Vigo, con esta modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones se pretende aumentar la competencia en este segmento y elevar "el atractivo" de estos productos de ahorro. No obstante, el portavoz del Gobierno afirmó que las pensiones públicas son "un derecho" y quiso enviar un mensaje de "tranquilidad y seguridad" a los ciudadanos sobre el mantenimiento del sistema público. Subrayó que el Gobierno, "desde el primer momento, se ha empeñado en garantizar las pensiones públicas" y que a ese objetivo se ha dirigido su política para impulsar la creación de empleo. Sin embargo, el PSOE cree que las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros son una muestra más del "mantra constante" del PP: "privaticemos todo lo que podamos". La secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, acusó al Ejecutivo del PP de pretender convertir en "negocios privados" lo que para los socialistas son "derechos fundamentales".