13 de marzo de 2018
13.03.2018
Los desafíos políticos y económicos del Estado del bienestar

Pagar las pensiones de viudedad con los tributos, entre las ofertas del Gobierno

Rajoy planteará reforzar la financiación sin subir impuestos

13.03.2018 | 01:37
De izquierda a derecha, Pepe Fuertes (Asociación de Pensionistas de Asturias), Manuel Francisco Menéndez (UGT), Dolores San Martín (Federación de Mayores) y Francisco de Asís García (CC OO), con un cartel de la manifestación.

Las pensiones están en la agenda política y ciudadana de esta semana con dos hitos principales: mañana, miércoles, el Congreso de los Diputados debatirá la situación del sistema público en un pleno monográfico; el sábado, los jubilados reanudarán las movilizaciones en la calle, en el caso de Asturias con una manifestación en Gijón. En ese contexto, los partidos perfilan sus propuestas para reforzar la financiación de las pensiones. Entre ellas figura una del Gobierno que consiste en pagar las prestaciones de viudedad y orfandad con cargo a los impuestos generales y concentrar los ingresos por cotizaciones sociales en las pensiones de jubilación.

Esta última es una de las opciones que, según medios gubernamentales, estudia llevar al Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Supone "profundizar en la separación de fuentes de financiación" del sistema. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, las pensiones no contributivas o asistenciales ya se pagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que también ocurre con los llamados complementos a mínimos (cantidades que reciben los pensionistas con ingresos más modestos para alcanzar los mínimos que se fijan por ley).

Pagar las pensiones de viudedad (82.000 en Asturias) y orfandad (8.300) con los tributos generales cerraría en apariencia el déficit de la Seguridad Social (unos 18.000 millones en 2017), de modo que los ingresos por cotizaciones sociales bastarían para pagar las demás prestaciones e incluso para actualizarlas con más generosidad que ahora (por encima del magro 0,25% que ha desencadenado las protestas en la calle). Sin embargo, como ha hecho notar un sector de expertos hacendistas, una reforma así no resolvería el problema financiero, únicamente lo cambiaría de sitio dentro de las cuentas públicas, a no ser que se subieran los impuestos para elevar los ingresos. El PP rechaza este último camino.

La posibilidad de sacar las pensiones de viudedad y orfandad -en total, unos 23.000 millones de euros al año, 900 millones en Asturias- de las cuentas de la Seguridad Social es visto con recelo por otros partidos políticos, caso del PSOE. Se teme que un paso así conduzca con el tiempo a la transformación de pensiones que ahora son contributivas (calculadas según el historial de cotización de la persona fallecida) en prestaciones asistencial y por lo tanto de menor cuantía. Fuentes gubernamentales han precisado que, aunque las pensiones se pagaran con impuestos, los derechos de los beneficiarios, en su inmensa mayoría mujeres, se mantendrían intactos.

A las puertas del debate parlamentario sobre las pensiones, las asociaciones de jubilados de Asturias y los sindicatos han unido fuerzas para convocar "una gran manifestación" en defensa del sistema público que tendrá lugar el próximo sábado, 17 de marzo, en Gijón. La protesta asturiana, que coincidirá con otras en las principales ciudades del país, está organizada por la Federación de Mayores del Principado, la Asociación de Pensionistas de Asturias, la Asociación de Pensionistas de Gijón y los sindicatos UGT y CC OO. "Reforzamos nuestro compromiso y unimos fuerzas para combatir los ataques que está sufriendo el sistema público de pensiones", explicaron ayer los representantes de esos colectivos al presentar los pormenores de la movilización. Los mismos dirigentes apuntaron contra "la pasividad del Gobierno en materia de pensiones". Pepe Fuertes, presidente de la Asociación de Pensionistas de Asturias, enumeró algunas de las reformas que demanda el colectivo: financiar una mayor parte del gasto en pensiones con los Presupuestos del Estado, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años o igualar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional.

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