Las pensiones de los españoles perderán poder adquisitivo "durante varias décadas" con la aplicación del índice de revalorización que desde 2014 sustituye al mecanismo que antes preservaba el poder adquisitivo de los jubilados subiendo sus nóminas como la inflación. Un análisis firmado por el economista asturiano Ángel de la Fuente y otros dos investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 favorecen la "sostenibilidad" del sistema a largo plazo, pero su principal efecto adverso, argumenta este grupo de expertos, será una fuerte pérdida de la capacidad de compra y con ello de la renta real de los pensionistas. De la Fuente y sus compañeros apuestan, como medida paliativa, por "blindar" las prestaciones más bajas, actualizándolas según los precios.
El trabajo lo firman, junto al hacendista gijonés Ángel de la Fuente (también director de Fedea), Alfonso Sánchez, profesor de Cunef y de la Universidad Complutense de Madrid, y Miguel Ángel García Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos. Consiste en una proyección a largo plazo (período 2016-2070) sobre la salud financiera de la Seguridad Social y los factores de riesgo. Algunos de los cálculos y conclusiones se sintetizan en los siguientes puntos.
Reformas. El análisis parte de un escenario demográfico y económico (crecimiento de la productividad, del empleo y de la inflación) análogo al que utiliza en sus propios estudios la Comisión Europea. "Bajo este escenario, las reformas del sistema de pensiones puestas en marcha por los dos últimos gobiernos españoles (PSOE y PP) bastarían para contener el nivel de gasto durante las próximas décadas, manteniéndolo en niveles que no plantean graves problemas de sostenibilidad", escriben los autores. Al mismo tiempo, los ingresos del sistema de pensiones contributivas (cotizaciones sociales) se mantendrían en niveles inferiores al 9,5% del PIB, permaneciendo por largo tiempo en niveles inferiores a los gastos. Aquí viene el problema de la revalorización: como el mecanismo aprobado en 2013 -y cuya derogación piden las organizaciones de pensionistas que se han movilizado y la mayor parte de la oposición política- impide subir la pensión más del 0,25% cuando existe déficit en las cuentas de la Seguridad Social, la situación descrita "se traducirá en la práctica congelación de las pensiones una vez concedidas durante varias décadas".
Efectos secundarios. "Hasta bien entrada la década de los sesenta, por tanto, las pensiones crecerían a una tasa anual del 0,25%, muy por debajo de la inflación prevista (2% de media), con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida de los pensionistas", expone el informe. ¿De qué tamaño sería esa pérdida? Considerando que la esperanza de vida después de los 65 años está en dos décadas, se estima que un jubilado medio se dejará el 30% de su poder de compra por la reforma de 2013.
La de 2011 consistió en un aumento gradual de la edad legal de jubilación, hasta situarla en 67 años en 2027, y en ampliar de 15 a 25 años, también gradualmente, el período de la vida laboral que se tiene en cuenta para calcular la base reguladora sobre la que a su vez se determina la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados. Esta reforma reducirá los gastos y tendrá para los futuros pensionistas un impacto que la Comisión Europea ha cifrado así: la pensión inicial, que hasta ahora suponía como media casi el 80% del último salario, bajará al 60% en 2030 y a menos del 50% en 2050. Los economistas de Fedea opinan, no obstante, que por el aumento esperado de la productividad ese recorte no será tan agresivo para la renta de los jubilados. Que sea así dependerá en todo caso de la calidad del crecimiento económico y de que este se convierta en un aumento efectivo de los salarios.
Paliativos. Los economistas de Fedea son contrarios a prescindir de las reformas de 2011 y 2013. "De haberse mantenido sin cambios el sistema existente antes de 2011 (con jubilación a los 65 años y pensiones actualizadas con la inflación, entre otras cosas), de acuerdo con nuestras previsiones el gasto en pensiones alcanzaría casi el 21% del PIB a comienzos de los años cincuenta". Esto es, el gasto duplicaría el actual en relación a la riqueza nacional. Financiar con impuestos los 5,3 puntos de PIB anuales que, según esta argumentación, se ahorran con las reformas requeriría un esfuerzo equivalente a aumentar el tipo medio del IRPF en un 70%, "y cruzar los dedos para que la medida no tenga efectos adversos sobre el empleo y la producción, lo que parece harto improbable", según De la Fuente, Sánchez y García.
El informe apuesta por mantener las reformas y desaconseja en particular volver a la regla que actualizaba las pensiones según la inflación, petición central de las movilizaciones de jubilados y de los partidos de la izquierda. Se reconoce para una parte de los pensionistas, los que tienen prestaciones más bajas, que la pérdida de poder adquisitivo "es un problema serio que seguramente exigirá la toma de medidas paliativas con cierta premura". Entre las opciones posibles, el equipo de Fedea apuesta por "blindar la pensión mínima". Supondría que las pensiones más bajas (inferiores por lo común a 800 euros) pasarían a revalorizarse según la variación del coste de la vida, pero no el resto. El coste, "asumible" según el informe, equivaldría a subir la recaudación del IRPF el 5,8% al año.
