El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer el proyecto de cuentas públicas para 2018 como "los presupuestos de los pensionistas, de los funcionarios y de los trabajadores con rentas medias y bajas". Esa especie de eslogan pone el foco sobre los grupos sociales que, según el Gobierno, son beneficiarios principales de una expansión del gasto público (1,6% antes de costes financieros y sin contar la Seguridad Social) y de una nueva tanda de rebajas en el IRPF. Camino de un intenso ciclo electoral (comicios autonómicos y municipales en 2019 y generales en 2020), el equipo de Mariano Rajoy intenta ganar impulso político ofreciendo, entre otras medidas, subidas extra para una mayoría de los pensionistas, el colectivo que con mayor resonancia se ha movilizado últimamente en contra de políticas del PP.

La base macroeconómica del proyecto de Presupuestos es la estimación, revisada al alza, de que la economía española crecerá este año a una velocidad del 2,7%. Ello favorecerá -defendieron ayer los ministros de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Román Escolano, respectivamente- que los ingresos tributarios crezcan el 6% en relación a la recaudación de 2017 y que el déficit público baje del 3,1% al 2,2% comprometido con la UE. Aunque el Banco de España ha vaticinado ya que habrá dificultades con el déficit, el equipo económico del Gobierno sostiene que la disciplina que viene de Bruselas (España sigue este año bajo el Protocolo de Déficit Excesivo) será compatible con una expansión del gasto y de las rebajas tributarias cuyos pormenores se exponen en los siguientes puntos.

Pensiones. Ciudadanos, primer partido en anunciar su apoyo a las cuentas, había anticipado que las pensiones más bajas subirían el 2%. Lo que ayer recibió luz verde del Consejo de Ministros va más allá tanto en la cuantía como en el perfil de los beneficiarios: 6,7 millones en toda España, según el Gobierno, y en torno a 160.000 en Asturias (más de la mitad de las pensiones que se cobran en la región), según un cálculo elaborado con datos de la Seguridad Social.

De aprobarse tal cual el proyecto de Presupuestos, la revalorización será del 3% para las llamadas pensiones contributivas mínimas y para las no contributivas. En el primer grupo están comprendidos unos 50.000 pensionistas asturianos y en el segundo, casi 10.000 mil más. Por lo común, las pensiones mínimas son inferiores a 700 euros, de modo que la subida sería de unos 20 euros al mes. Las no contributivas pasan en muy pocos casos de los 400 euros. La revalorización del 3% supondrá para este grupo como mucho 12 euros al mes.

El Gobierno añade una subida que estima en el 2% para una parte de las viudas, que se beneficiarán de una mejora en la fórmula de cálculo de la pensión. Falta la letra pequeña del reglamento que regulará este cambio, determinante para conocer el número de beneficiarios y el incremento efectivo de las pensiones. También se plantean otros incrementos, del 1,5% y del 1%, para prestaciones distintas a las mínimas y que tienen cuantías inferiores a los 860 euros al mes. En Asturias se cobran unas cien mil pensiones que a priori cumplen esa condición.

En todos los casos comentados, las revalorizaciones de entre el 1% y el 3% se aplicarían con carácter retroactivo desde enero y sustituirían a la subida del 0,25% que desencadenó las movilizaciones de los jubilados. El coste de la revalorización extra de las pensiones supone 1.000 millones de euros.

IRPF. Las rebajas del impuesto de la renta pactadas por el Gobierno con Ciudadanos suponen 2.000 millones más. Se eleva de 12.000 euros brutos a 14.000 el umbral a partir del cual el trabajador o pensionista está obligado a tributar y aumenta la reducción por rentas del trabajo para quienes están entre los 14.000 y los 18.000 euros. Aunque Montoro habló de 3,5 millones de contribuyentes beneficiados (entre ellos, un millón de pensionistas), el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, subrayó que una alta proporción de ellso ya están exentos de IRPF por circunstancias familiares (por ejemplo, los trabajadores casados y con hijos). Los principales destinatarios, añadió Gestha, serán los trabajadores mileuristas sin hijos. Se establecen asimismo nuevas deducciones (1.000 euros por gastos de guardería, entre ellas) o se amplían otras (por familia numerosas). Los cambios en el IRPF se refieren a la cuota estatal del impuesto. Las autonomías habrán de decidir si los extienden a la porción sobre la que tienen competencias para legislar.

Empleo público. Además de una subida salarial fija del 1,75% para el conjunto de los empleados públicos, el proyecto de Presupuestos incluye las primeras partidas para equipar el sueldo de policías y guardias civiles a la remuneración que tienen los agentes autonómicos. Y se añade una oferta pública de empleo para cubrir 8.110 vacantes, en su mayoría para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Inversión. Los detalles de todos los capítulos del Presupuesto se conocerán la próxima semana, cuando el proyecto inicie su tramitación parlamentaria. Montoro adelantó que la inversión en infraestructuras aumentará el 16,5% en relación a 2017, año en el que esta partida del gasto marcó el nivel mínimo de la última década. También se refuerza el 8,3% el dinero para I+D+i y los fondos para becas sube el 2%, y se confirma la ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas.