El carbón desaparecerá "casi por completo" en el mix energético de España de 2030 y sólo quedará un uso residual ligado a la industria. Es el escenario base que ha dibujado la Comisión de Expertos de Transición Energética -constituida por el Ministerio de Energía-, que propone planes de reactivación económica para los territorios afectados por los cierres de la minería y de las centrales térmicas de carbón.

Sobre el informe de los 14 expertos se apoyará la política de descarbonización del Gobierno, clave para el futuro de Asturias. La región es particularmente vulnerable a la forma y al ritmo de esa transición energética porque conlleva el previsible cierre de sus cinco centrales térmicas de carbón y la liquidación definitiva del sector minero, y porque el riesgo de una subida de precios energéticos amenazaría la competitividad de la gran industria asturiana, intensiva en consumo eléctrico.

El presidente de la comisión de expertos, Jorge Sanz, entregó ayer al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el informe de 546 páginas, que ha contado con un elevado nivel de consenso -11 votos a favor y 3 abstenciones-. "En el informe se evalúan diversas combinaciones de las diferentes fuentes de energía para la consecución de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono", señaló Nadal. El planteamiento de partida -considerando la posible evolución de la oferta y la demanda y el cumplimiento de los objetivos de cambio climático- dibuja un escenario base para 2030 en el que hay un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la demanda energética (por un incremento del ahorro y la eficiencia); en el que aumenta de forma relevante el peso del gas y de las tecnologías renovables (especialmente la fotovoltaica); e en el que se despliegan las tecnologías de almacenamiento (baterías); en el que la demanda de petróleo se reduce en gran medida; en el que se asume que las centrales nucleares se mantienen en el mix y en el que el carbón desaparece casi por completo.

En ese escenario, el parque de carbón pasaría de los 9.536 MW instalados actualmente a 847 WW -poco más de la potencia de una central térmica convencional- pero desaparece del mix de generación eléctrica porque su uso se vincula exclusivamente a la industria. No obstante, los expertos no prevén un cierre acelerado de centrales térmicas y estiman, a partir de los planes de las compañías eléctricas, que en 2025 la potencia instalada de carbón aún sería de unos 4.660 MW, la mitad que la actual. Hay que tener en cuenta que el informe de asesores del PSOE, difundido el pasado mes, planteaba achatarrar las centrales de carbón antes de 2025.

El informe de expertos del Ministerio de Energía sitúa el fin del carbón en 2030. Lo hace en su escenario base, teniendo en cuenta que el incremento del precio final de las emisiones de CO2 darán una ventaja competitiva a los ciclos combinados (muchos de los cuales están actualmente infrautilizados) respecto a los grupos de carbón. No obstante, el análisis de los expertos también tiene encuenta otros escenarios en los que el carbón podría seguir teniendo protagonismo incluso más allá de 2030. En su escenario base prevé un coste de emisiones de 50 euros por tonelada de C02 pero también analiza lo que ocurriría si se mantiene una potencia de 4.660 MW de térmicas de carbón e incluso la actual potencia de 9.536 MW y el precio de la tonelada de CO2 no sube de los 33 euros o se mantiene en los 7,5 euros actuales. En esos casos el coste de generación del sistema se reduciría entre un 14 y un 45%, pero las emisiones de CO2 aumentarían entre 30,7 y 49 millones de toneladas.

Fuentes del Ministerio de Energía destacaron que el informe de los expertos "no plantea un único escenario válido, sino diferentes variables" y que se apuesta por transición "gradual". Desde el PSOE, su portavoz en la comisión del ramo, Pilar Lucio, señaló que "es un informe muy abierto y, en principio, demasiado conservador".

Los expertos asumen una de las principales reivindicaciones del PSOE, la de abordar una "transición justa", y por ello proponen la elaboración de planes estratégicos, dotados de financiación, para los trabajadores, empresas y territorios afectados como Asturias. Con respecto al impacto territorial, el informe destaca la necesidad de aplicar planes de reactivación económica, formación y protección social en las zonas afectadas porque la minería y las centrales térmicas generan un importante volumen de empleo "y su cierre conllevaría una disminución de la actividad económica, industrial y comercial".