Más de una treintena de grandes empresas españolas, entre las que figuran Iberdrola, Endesa, Ferrovial, Telefónica, BBVA o Bankia, se han unido para reclamar a los poderes públicos que aborden "de forma ambiciosa" el proceso de descarbonización de la economía española con medidas "a corto plazo". Entre ellas plantean "un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a los combustibles fósiles", lo que haría que las centrales térmicas de carbón de Asturias dejen de ser competitivas.

Las empresas firmantes del manifiesto señalan que la mayoría de los países del entorno de España están evolucionando hacia una economía baja en carbono y que quienes lideren esa transición serán los primeros en aprovechar las oportunidades ambientales y económicas, entre las que destacan inversiones, nuevos empleos e impulso a la innovación.

El grupo de presión apunta que "la existencia de una ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa es el requisito indispensable" y que debería incluir, entre otras medidas, un precio del carbono y una revisión de la fiscalidad -sin aumentar la carga tributaria- para que se cumpla el principio de "quien contamina paga", la creación de un órgano del Estado que supervise el proceso de descarbonización y un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyo a combustibles fósiles, al tiempo que un conjunto de medidas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos los sectores.

Iberdrola, que ha anunciado el cierre de sus últimas térmicas de carbón, incluida la asturiana de Lada, está entre las empresas firmantes del manifiesto junto a Abertis, Acciona, Asociación Forestal de Soria, Bankia, BBVA, Climate Strategy, Contazara, Ecoacsa, Ecoalf, Ecoembes, Ecoterrae, Endesa, Eulen, Ferrovial, Fraternidad-Muprespa, Ikea, Inclam, Ineco, Lafargeholcim, Logista, Mapfre, NH, OHL, REE, Sicasoft Solutions, Siemens Gamesa, SinCe02, Sust4in, Teimas, Telefónica y Willis.

Por otro lado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló ayer en el Congreso que aplicar una tarifa de potencia estacional para reducir la factura a la gran industria no sería una medida justa, porque la merma de ingresos tendría que ser sufragada con subidas de impuestos y peajes o aumentando el déficit del sistema.