06 de mayo de 2018
06.05.2018

El Principado vigilará que las empresas cumplen cláusulas laborales y sociales durante la ejecución de obras públicas

La patronal y los sindicatos aplauden la consecución de una antigua reivindicación para acabar con la competencia desleal y generar empleo

06.05.2018 | 11:57
Trabajadores en una obra de construcción en Gijón.

El Principado vigilará a las empresas que se hagan con contratos públicos para asegurar que cumplirán durante la ejecución de las obras y servicios con las cláusulas laborales, sociales, medioambientales y éticas que se hayan exigido en los pliegos de contratación. El cumplimiento de todas ellas será obligatorio también para las subcontratas. La patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO aplaudieron ayer la aprobación de estas cláusulas, que se habían convertido en uno de los caballos de batalla y condición innegociable de los agentes sociales para firmar el último pacto de concertación. Eso sí, han exigido su aplicación inmediata en las licitaciones públicas.

Las instrucciones y cláusulas que el Principado incluirá en las pliegos de contratación serán sociales, medioambientales y éticas. En el apartado social, el objetivo es favorecer la calidad del empleo, la inserción de personas con especial dificultad para su inserción en el mercado laboral, la economía social, la formación, la conciliación, la igualdad de oportunidades y la equiparación salarial, entre otros.

Las cláusulas medioambientales suponen que se primarán, por ejemplo, la eficiencia energética, la innovación, la sostenibilidad, el reciclaje, y la reducción de emisiones. Y las cláusulas éticas se refieren a la promoción del comercio justo y la inclusión de un plan de medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal.

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, explicó que el cumplimiento de todos estos extremos supondrá "controles, verificaciones y exclusiones si se percibe alguna anomalía", y añadió que serán "obligaciones legales con la virtud de que además, como cláusulas contractuales, será exigible su cumplimiento a lo largo de todo el proceso de licitación, en la adjudicación y en la ejecución" de la obra y servicio.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, señaló que "a pesar de la tardanza en la aprobación de esta vieja demanda de FADE y del sector de la construcción en el marco de varias rondas de concertación social, nos felicitamos porque el Principado haya sido sensible y apueste por la mejora del sistema de contratación pública". Y, a expensas de conocer el texto definitivo, destacó que "se da prioridad a la relación calidad precio en la contratación pública, postergando el criterio exclusivo de precio, que nos llevó a una contratación masiva con bajas desproporcionadas, en perjuicio del interés público y de las empresas". Feito resaltó también la exigencia de la aplicación del convenio colectivo del sector en Asturias, "evitando así que nadie parta con desventaja en la licitación". Y por último, "la adecuada y proporcional aplicación de criterios sociales, laborales y medioambientales, acorde con la naturaleza de cada contrato y la realidad empresarial".

En ayuntamientos

Comisiones Obreras advirtió ayer de que exigirá "el traslado urgente de las medidas a los pliegos de licitación de toda contratación de obras y servicios del Principado", y añadió que "por extensión, también se requerirá a los ayuntamientos que incorporen medidas similares". La organización sindical valoró que se suprima como único elemento de valoración el precio más bajo, que llevó a "bajas temerarias, merma de la calidad de las obras y servicios, competencia desleal entre empresas, incumplimientos de las condiciones laborales y precarización del empleo, entre otros".

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias remarcó que otra virtud de estas cláusulas es que "son el primer paso para hacer prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa, que es uno de los grandes lastres de la reforma laboral". En su opinión, estas medidas son positivas para "los ciudadanos, las empresas y para los trabajadores, porque suponen un plus de garantía y de control".

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