El Principado descarta nuevas rebajas en Sucesiones y reclama un mínimo estatal

El pasado lunes, el PSOE y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo para rebajar el impuesto de sucesiones en Aragón mediante una bonificación del 99% a las herencias de hasta 500.000 euros que reciben descendientes, ascendientes o cónyuges. Otros gobiernos del PSOE, como los de Andalucía y Extremadura, ya habían aplicado con la entrada del año fuertes rebajas que consistían en la elevación del mínimo exento hasta el millón de euros en el caso andaluz y de una bonificación del 99% en el caso extremeño.

A la pregunta de si el Gobierno del Principado se plantea aplicar nuevas rebajas en Sucesiones al nivel de esas autonomías también gobernadas por el PSOE, Dolores Carcedo apuntó que "el pasado año se eliminó en Asturias el error de salto, se mejoró el mínimo exento hasta 300.000 euros en las herencias en línea directa y se introdujeron mejoras en lo que son transmisiones de empresas, negocios profesionales y explotaciones agrarias, además de mejorar también la modalidad de donaciones, por lo tanto Asturias ya ha hecho su reforma y actualmente sólo el 1% de los contribuyentes en línea directa pagan el impuesto en Asturias, unos 300 contribuyentes al año".

Sobre la posibilidad de que esas reformas del pasado año se hayan quedado cortas con respecto a las de otras comunidades, la consejera de Hacienda del Principado señaló que "cada comunidad autónoma toma sus decisiones fiscales en función de la capacidad tributaria que tiene, que es muy limitada, y en función del nivel de servicio público que quiere prestar". No obstante, añadió que el Gobierno del Principado de Asturias "ha reclamado en muchas ocasiones la necesidad de que exista una armonización de impuestos, que se establezcan mínimos de tributación para que se evite esa competencia fiscal entre comunidades" con el impuesto de sucesiones. En esa línea la Consejera añadió que "urge cada vez más" que se abra la negociación del sistema de financiación autonómica "para que podamos empezar a tener una estabilidad en los ingresos que recibimos las administraciones públicas".

Carcedo señaló que en este momento "todas" las decisiones fiscales hay que enmarcarlas en la negociación del sistema de financiación autonómica. Allí metió, por ejemplo, la propuesta que el PP llevará a la Junta General del Principado para establecer una deducción en e lIRPF de 600 euros por el primer hijo y de esa negociación depende también la ley en materia de función pública en la que se incluirá el incremento retributivo de los empleados públicos. "El alcance de esta nueva ley depende de cómo queden los recursos que Asturias vaya a recibir por el sistema de financiación porque a día de hoy esta comunidad autónoma tiene retenidos 99 millones de euros por parte del Gobierno central que son recursos que nos corresponden por las competencias asumidas y que no pueden estar en función de si el Gobierno central tiene o no tiene presupuestos, si los presenta en plazo o no y o si tiene apoyos parlamentarios", afirmó Carcedo.

La consejera hizo esas declaraciones durante la visita que realizó ayer a la oficina de la campaña de la Renta 2017 en Oviedo coincidiendo con el inicio del servicio de asistencia presencial. El Principado colabora con la Agencia Tributaria reforzando la atención de las oficinas de Oviedo, Avilés y Gijón y dándola en Pola de Laviana, Llanes, Navia, Tineo, Vegadeo y Siero. Por otro lado Carcedo señaló que las deducciones autonómicas en el IRPF tienen un coste de unos 7,5 millones de euros y que las más importantes son las deducciones al alquiler de viviendas (que afectan a más de 15.200 contribuyentes) y las de familia numerosa (1.800 contribuyentes).