El Gobierno asturiano apoya el proyecto de ley que el PP ha presentado en el Congreso para regular el cierre de las centrales eléctricas, un texto promovido por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y que está pensado para que la Administración tenga la última palabra cuando las empresas eléctricas plantean cierres de instalaciones como las térmicas de carbón y la nucleares. El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, pide "el apoyo de todos los grupos" a una norma que ha sido recibida con críticas por las direcciones nacionales del PSOE y de Ciudadanos. Según el criterio compartido por Nadal y Fernández, una ley como la propuesta frenaría el cierre de la térmica de Lada e impediría un final acelerado de las demás españolas, con consecuencias severas en el precio de la electricidad.
El contenido de la proposición de ley conlleva "que la decisión final (sobre el cierre de centrales) corresponde al Gobierno, que es lo que siempre defendí", comentó Javier Fernández a preguntas de este diario. La norma establece que la clausura de cualquier complejo de generación con más de 50 megavatios de potencia requerirá tres dictámenes previos y en particular uno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los efectos desfavorables que pudiera haber sobre los precios de la luz o para la competencia en el mercado. Ese documento es preceptivo (de obligatoria elaboración), pero no vinculante (sus conclusiones no predeterminan la autorización). Esto es, la última palabra será del Gobierno.
"Ese primer informe (el de la CNMC) es especialmente relevante por la incidencia en el precio de la electricidad, algo que nos preocupa mucho", dijo Javier Fernández, partidario de mejorar otro párrafo de la proposición en el que se faculta al Ministerio de Energía a pedir que los dictámenes se hagan considerando no sólo el cierre puntual de una central sino los posibles impactos de cierres sucesivos. El presidente asturiano quiere una redacción más nítida que evite el riesgo de que el mecanismo resulte ineficaz si se valora exclusivamente la incidencia de cada solicitud de las eléctricas de manera aislada.
El Principado ya apoyó el borrador de decreto con el que Álvaro Nadal intentó antes regular los cierres estableciendo que las empresas pongan a la venta las centrales en lugar de achatarrarlas. Ese texto fue cuestionado por la CNMC, entre otras razones por el hecho de que se planteaba modificar una ley (la Ley Eléctrica) mediante una norma de rango inferior. El PP ha reaccionado llevando una reforma al Congreso que ha sido recibida con fuertes críticas por el PSOE nacional, que denuncia una maniobra del Gobierno para prolongar la vida útil de las nucleares. Ciudadanos considera la norma "autoritaria e intervencionista". Esas reticencias hacen peligrar la aprobación de una ley que el Principado defiende para "evitar otra reconversión" en Asturias, en alusión a los efectos que tendría prescindir de las térmicas de carbón en los costes energéticos de la industria, en los tráficos de El Musel (al cortarse la importación de carbón) y por el impacto en los territorios donde están las térmicas y en lo que queda del sector minero.
