La operación policial de registro de la sede social de Duro Felguera en Gijón el pasado día 10 en el curso de las investigaciones judiciales sobre el supuesto pago de sobornos por la compañía entre 2008 y 2013 a autoridades y funcionarios de Venezuela para conseguir el contrato de Termocentro tuvo por finalidad cotejar la autenticidad de documentación que le fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción de forma anónima el 18 de octubre por el director económico-financiero del grupo, José Carlos Cuevas, y uno de sus colaboradores.

Aunque el material (copia de documentos y correos electrónicos) fue aportado entonces al Ministerio Público en un soporte informático (un "pendrive" o lápiz de memoria) sin revelar su remitente (salvo la mención a que se trataba de empleados de Duro), en una segunda comunicación por carta, que tuvo entrada en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la última semana de noviembre, Cuevas, que llevaba un año en la empresa, se declara autor del envío, se pone a disposición para colaborar con la Justicia y explicar el contenido de la documentación y solicita la máxima diligencia en el esclarecimiento cuanto antes del caso para evitar más daños a la sociedad, dadas las enormes vicisitudes y la delicada situación en la que estaba inmersa -y está- la compañía.

En los escritos se hizo saber a la Fiscalía que la documentación había sido obtenida "de forma absolutamente legal" y "con conocimiento de la dirección de la compañía".

La aportación de documentos el 18 de octubre y el ofrecimiento del 23 de noviembre para colaborar en la investigación de la fiscalía (y que ahora dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno) y aclarar todos los extremos del caso -muy enojoso para la sociedad y con daño reputacional para la misma- se produjo en un contexto extremadamente complejo en el devenir del grupo asturiano.

Desde el 25 de septiembre era conocido que la Fiscalía había interpuesto una querella contra la empresa, su presidente (Ángel del Valle) y su expresidente Juan Carlos Torres ante la Audiencia Nacional por los hechos investigados, pero los querellados, pasados dos meses, aún no tenían constancia de ello. En aquellas fechas, el anterior presidente y ahora consejero, Ángel del Valle, aún no había dimitido de la presidencia (lo hizo el 24 de noviembre) y su renuncia era una de las condiciones exigidas por la banca acreedora para entrar a negociar el acuerdo de reestructuración de la deuda y de refinanciación de la sociedad que culminó este mes y que era premisa capital para que Duro pudiera solicitar a sus accionistas (como hará el 15 de junio) autorización para acometer una crucial ampliación de capital por un importe de 125 millones en la que está cifrada toda la esperanza de salvación de un grupo empresarial con 160 años de historia, 1.800 empleos y una acreditada trayectoria como ingeniería de proyectos "llave en mano".

En sus comunicaciones con la Fiscalía, el director financiero de Duro (que en la actualidad es uno de los seis miembros de la alta dirección del grupo, integrantes de su comité de dirección) expresa precisamente la delicada situación de la centenaria compañía asturiana y solicita por ello que se "esclarezca a la mayor brevedad si han existido comportamientos al margen de la legalidad en el proyecto Termocentro" con el fin de que, "de haberlas", "se depuren responsabilidades tan pronto sea posible para evitar perjuicios a la compañía y a terceros". El directivo plantea a la Fiscalía "la necesidad de salvar a Duro Felguera" y "sus empleos". Duro explicó en comunicaciones a la CNMV el correcto proceder de la sociedad en Venezuela.