El Gobierno de España ha abierto la puerta a la entrada en funcionamiento de la regasificadora de Gijón, construida en 2012 tras una inversión de 382 millones de euros y aún sin uso. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que, entre otras medidas, restablece la tramitación del complejo de gas del puerto de El Musel al suspender la orden de 2012 que la dejó en "hibernación" ante la falta de demanda del combustible.

Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital precisaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que el real decreto aprobado ayer "permite iniciar los trámites para obtener la autorización administrativa de la regasificadora del puerto de El Musel, nada más y nada menos". No es una autorización de apertura pero sí supone levantar una primera barrera para conseguirla. Hay que recordar que la planta ya contó con una primera autorización administrativa pero que fue anulada por los tribunales al no respetar la normativa ambiental entonces vigente.

Además, el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros determina el procedimiento para evaluar si la puesta en operación comercial de la regasificadora de Gijón es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema gasista, en el que tendrán un papel protagonista tanto la Dirección General de Política Energética y Minas como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)

La planta se construyó para introducir gas en la red nacional desde el puerto de El Musel pero en los últimos años su promotor, la compañía Enagás, ha destacado que hay interesados en utilizar la regasificadora de Gijón para otros usos como puede ser el almacenamiento de gas para grandes comercializadoras -aprovechando la posición entratégica del puerto asturiano en el arco Atlántico-, o el aprovechamiento de las instalaciones como centro para el repostaje de buques -el "bunkering"- ya que el gas natural licuado (GNL) cada vez se utiliza más como combustible para la navegación y desde la Unión Europea se pretende fomentar su uso para reducir tanto las emisiones contaminantes con las de efecto invernadero.

Precisamente, entre la batería de medidas aprobadas ayer por el Gobierno de España para impulsar la utilización de infraestructuras gasistas se incluye una adaptación del marco regulatorio "para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de las existentes". A este respecto, desde el Ministerio de Energía se destacaron las medidas relativas al "bunkering" que "son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de GNL y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación".

El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, había reclamado el pasado mes al Ministerio de Energía que estableciera ya un peaje de "bunkering" porque su ausencia está impidiendo que se desarrolle esta práctica en España.

En marzo de 2012, el primer Gobierno de Mariano Rajoy decidió, ante el incipiente desfase que se estaba produciendo en la tarifa del gas, retener la entrada en servicio de nuevas infraestructuras, y la principal afectada fue la regasificadora de El Musel, entonces en obras. La planta, concluida en noviembre de ese año, quedó en situación de "hibernación". Al tratarse de un proyecto incluido como obligatorio en la planificación energética, Enagás es compensada con una retribución. Los costes repercutidos en estos años sobre la factura energética de los hogares y las empresas españolas se acerca a los 175 millones de euros.