El sindicato SOMA-FITAG-UGT, uno de los principales respaldos de Pedro Sánchez en Asturias, difiere con el nuevo Gobierno de España sobre los ritmos de la transición energética. Frente al paso acelerado que defiende la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que mantiene como fin de las térmicas de carbón la fecha "orientativa" de 2025, el SOMA reclama un "tránsito sosegado" en el que "no se puede prescindir" del carbón.
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, es una de las cabezas visibles del "sanchismo" en Asturias y además es secretario ejecutivo de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y miembro del comité federal del PSOE. Sin embargo, desde la autonomía del sindicato defiende una política de descarbonización que ni mucho menos está alineada con la de la ministra Ribera. Coincide con ella en que la transición hacia las renovables "debe ser justa", pero discrepa sobre los ritmos.
"Si por transición entendemos paso de un modelo a otro debemos asociarlo inmediatamente a tránsito sosegado y, por tanto, a tiempo. Si además complementamos con diálogo, negociación, pacto, consenso, obtendremos, de esa asociación de tiempo y consenso, la calificación de justa", señala José Luis Alperi en un artículo para LA NUEVA ESPAÑA que se reproduce en esta página.
Alperi afirma que una transición justa es aquella que garantiza todos los empleos existentes, que no penaliza "aún más" a los territorios mineros y que respeta la fecha de 2050 como objetivo de total descarbonización, "pero sin adelantar dichos plazos de manera caprichosa y por presiones lobistas".
El dirigente del SOMA, al igual que el Gobierno del Principado, destaca que el proceso de transición energética supone un "riesgo" para Asturias y que no se puede prescindir hoy del carbón "porque las tecnologías renovables no son capaces de sustentar nuestro sistema eléctrico". Eso sí, Alperi siempre se refiere, exclusivamente, al carbón nacional. "La defensa del carbón autóctono dentro del mix energético resulta fundamental para mantener el precio de la electricidad para las familias y la competitividad de las empresas", señala Alperi frente a la teoría que defiende la ministra de Transición Ecológica de que el fin del carbón no supondrá una elevación de los precios de la electricidad.
El sindicato minero reclama un pacto de Estado por la energía y demanda "medidas legales" para mantener operativas "las centrales térmicas que sean precisas con el fin de disponer de una garantía de suministro estable y, en paralelo, obtener la consideración del carbón autóctono como reserva estratégica, y con ello su presencia en el mix de generación eléctrica más allá de 2020".
