El cierre de centrales térmicas de carbón en España podría elevar hasta un 12% el coste del sistema eléctrico en 2025 y si a esos cierres se añade la clausura de las nucleares el sobrescoste podría llegar al 32%. Esas tasas máximas, que se traducirían en aumentos de tarifas letales para la gran industria electrointensiva asturiana, han sido calculadas por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas en un estudio encargado por la organización ecologista Greenpeace, poco amiga de mantener en el mix energético tanto a las nucleares como a las térmicas de carbón.
Además, el titulado "Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España" considera factible que la generación eléctrica con carbón pueda sobrevivir en 2030, cinco años más de la fecha "orientativa" de cierre de térmicas que mantiene la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que también defiende la clausura de las centrales nucleares a medida que finalicen los permisos de explotación.
El estudio técnico de la Universidad de Comillas evalúa diferentes escenarios de generación eléctrica "seguros" para los años 2025 y 2030 en función de la posible demanda energética (baja, con un crecimiento anual del 0,2%; media, del 1%, y alta, del 2%), en función de la generación convencional que se utilice (carbón y nuclear, nuclear sólo o ni nuclear ni carbón) y en función de los recursos renovables utilizados (bajos, que suponen cubrir el 47% de la demanda en 2025; medios, de al menos el 54%, y altos, de al menos el 65%).
Tras analizar todos los escenarios viables, el informe técnico concluye que un crecimiento controlado de la demanda de energía eléctrica y el aumento de las energías renovables hasta 2030 dentro de los límites analizados en el estudio "son beneficiosos en cualquier caso y también facilitarían la retirada de la energía nuclear y de carbón". No obstante, a renglón seguido señala que "en cualquier caso hay que recordar que la retirada de la nuclear siempre supone un cierto aumento de coste y de emisiones, mientras que la retirada del carbón supone un coste, pero también evita emisiones".
Ese extracoste se sitúa entre un 1% y un 12% en el caso de la retirada del carbón y entre un 6% y un 20% adicional en el caso de la retirada también de la nuclear. Es decir que podría llegar hasta el 32% y se debe fundamentalmente a los costes de inversión en potencia adicional y a los de operación.
La "Propuesta de bases para una estrategia de transición energética" realizada por el consejo de asesores del PSOE, que establece el fin de las térmicas de carbón en 2025 y que está siguiendo como guión la ministra Ribera, hace mención al estudio encargado por Greenpeace y a la tasa de extracoste de hasta el 12% que supondría el cierre de las térmicas de carbón. No obstante, añade que "teniendo en cuenta que el coste de la energía supone un 40% de la factura final este incremento tendría, en términos porcentuales, un impacto menor sobre las tarifas eléctricas de los hogares". Además señala que el informe "parte de supuestos muy conservadores" y sin aportar escenarios alternativos razonados añade que "la transición energética se podría llevar a cabo "con un incremento mínimo -incluso ahorros- en el coste de suministro eléctrico".
