El presidente del Principado encontró ayer una dimensión diferente desde la que seguir defendiendo que la transición hacia una economía descarbonizada se efectúe sin cortes abruptos ni perjuicios para la industria asturiana. Al responder al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, en la sesión bisemanal de preguntas en la Junta, Javier Fernández emplazó a exigir ante la UE una suerte de "discriminación entre países" que aun sin renunciar a que la Unión cumpla los objetivos globales de energías renovables marcados para 2030 flexibilice los horizontes nacionales y permita salvar de la quema la cuota industrial asturiana y sus centrales térmicas de carbón.

Una vez que, como se encargó de advertir Llamazares, las opiniones de la nueva ministra socialista para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, van pasando del terreno de la opinión al de las decisiones y que éstas no son muy confluentes con las que defiende el Principado, Javier Fernández empleó algún esfuerzo en subrayar que él tampoco se apea de sus convicciones. "En absoluto me inhibo de este asunto", dijo después de resguardarse de posibles acusaciones de retrógrado enemigo del progreso y de sostener que "no peleamos por el pasado" ni "queremos pasar por la aldea gala renuente a la romanización. Defendemos el futuro de la industria de todo el país". Dicho eso, aportó al debate incandescente su convicción de que la discusión está contaminada de "mucha hipocresía". "Lo que se defiende en Europa es que en 2030 las fuentes renovables supongan el 32 por ciento de la energía final, pero eso se plantea como el objetivo de la Unión", no individual, no por estados. Por eso puede haber, a su juicio, "países con una termogeneración de carbón o gas muy elevada que podrían no cumplir ese objetivo aunque sí haya sido cubierto en el conjunto de la UE. Esa discriminación debe exigirse, no partimos todos de la misma situación".

Al pasar, el Presidente quiso identificar otra contradicción entre peticiones divergentes. "Si se nos reclama que el porcentaje de participación del sector industrial en el PIB nacional sea del 20 por ciento, mal se nos va a pedir a la vez que en un asunto estratégico adoptemos decisiones que conduzcan hacia una desindustrialización". Ya había apuntado Llamazares que el Gobierno estatal "nos ha puesto en una situación excéntrica" y había pedido, en réplica a lo dicho por Fernández aquí mismo hace dos semanas -aquello de que "una cosa son las opiniones y otra las decisiones"- que "marque una posición clara frente a lo que ya es una decisión" del Gobierno.