El secretario de Estado de Medio Ambiente, el lenense Hugo Morán, aseguró ayer en Oviedo que el Gobierno de Pedro Sánchez "no concibe" la puesta en marcha de un proceso de adaptación al nuevo marco europeo en materia energética que no pase por un mecanismo de "transición justa" y sostuvo que no se darán pasos (caso del pretendido cierre de centrales térmicas de carbón) que no estén "acordados y negociados" con todos los agentes que participan en el proceso. Esta posición fue reiterada por la tarde por el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón. Morán dijo que cada parte "vela por sus propios intereses" y que el papel del Gobierno es mirar por el interés general del país.

Morán, que se reunió con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, señaló que los procesos que pone marcha la Comisión Europea son "de obligada transposición" a todos los países de la UE, por lo que España "no puede estar ausente de una normativa que es para todos". La política energética común europea pretende como objetivos, señaló, reducir el precio de la energía y cumplir con los Acuerdos de París sobre cambio del clima.

Morán relativizó que el cierre de instalaciones térmicas tenga un grave impacto en los precios de la energía, que se determinan, dijo, no por la composición y el peso de las distintas fuentes de generación, sino mediante un mercado de tipo marginalista, en el que los precios se disparan en función de los mecanismos de indexación del crudo y donde todas las energías se remuneran al precio de la más cara.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE empezaron ayer a debatir la reducción a largo plazo de las emisiones contaminantes de la industria del automóvil, cuya contribución será esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París en 2030 y para liberar la economía de CO2 en 2050. "No hay descarbonización de la economía sin descarbonización del transporte", señaló la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien se sumó a la posición de la Comisión Europea y defendió "una rapidísima adecuación" de esta industria a la lucha contra el cambio climático, si bien anunció que el Gobierno ofrecerá "un cierto tiempo para facilitar ese cambio". La industria del automóvil aporta alrededor del 10% del PIB de España, dijo.