El Gobierno tiene previsto mejorar los ingresos tributarios para hacer frente -entre otros fines- al déficit de las pensiones sin subir los impuestos actuales a los ciudadanos pero implantando nuevas figuras tributarias (impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunas ya existentes, como el Impuesto sobre Sociedades, en el que el ejecutivo quiere implantar un tipo mínimo (probablemente el 15%) a partir del cual las empresas no puedan aplicarse deducciones impositivas. El Gobierno está estudiando incorporar una deducción tributaria a las empresas que fomenten la igualdad entre sexos.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, afirmó ayer, en una entrevista con la cadena Ser, que "no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos" (descartó subir el Impuesto sobre la Renta, entre otros tributos), sino de crear espacios fiscales nuevos para el siglo XXI".

El Gobierno del PSOE mantiene el proyecto -que ya había anunciado el anterior ejecutivo, del PP- de establecer un impuesto nuevo a las grandes empresas tecnológicas (la llamada "tasa Google") y postula modificaciones en el Impuesto de Sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo a partir del cual las compañías no puedan efectuarse deducciones fiscales que aún reduzcan más su factura tributaria.

"Hay diferentes propuestas sobre la mesa. Nos inclinamos por poner un tipo mínimo en las grandes empresas y que no se puedan aplicar deducciones posteriores, porque el tipo teórico no se adecua al real después de aplicar toda una arquitectura de deducciones", dijo la ministra.

Montero anunció que el Gobierno quiere favorecer la igualdad salarial y laboral de hombres y mujeres mediante incentivos fiscales, de modo que se establecerían deducciones tributarias para aquellas empresas que acrediten la igualdad efectiva de empleados y empleadas.

El PSOE mantiene el propósito de establecer un impuesto a la banca cuya recaudación será finalista: se aplicará íntegramente a sostener el servicio público de pensiones. Montero dijo que esta iniciativa es conocida por el sector, porque así se recogía en el programa electoral del PSOE, y aunque no espera que la banca reciba a esta figura con agrado, sí confía en que lo acepte con "comprensión" porque "tienen margen para aportar".

En cuanto a la fiscalidad "verde" para penalizar las emisiones generadoras del cambio climático y el calentamiento del planeta, la ministra Montero indicó que el objetivo es desplegar una política disuasoria de conductas que agredan al Medio Ambiente, para lo que se estudia introducir gravámenes adicionales a productos contaminantes, que no precisó. Se sabe, no obstante, que el gasóleo (hoy primado con ventajas fiscales respecto a la gasolina, lo que determina que su precio sea menor) es uno de los bienes que podrían sufrir alzas impositivas para equiparar su tratamiento fiscal con el otro carburante de automoción.

Todas estas medidas, dijo la ministra, tienen que empezar a tramitarse ya, dado que algunas figuras son de nueva creación y la pretensión es que entren en vigor a principios del año próximo. "Empezaremos desde ya a llevar propuestas al Congreso", avanzó la titular de Hacienda.

No obstante, las figuras tributarias de nueva creación (el impuesto a la banca y la "tasa Google") no se podrían incluir en los Presupuestos Generales de 2019 porque requieren un proyecto de ley que debe ser tramitado en el Congreso.

Montero confirmó asimismo que el techo de gasto se incrementará en 2019 y, aunque no dio cifras, apuntó que se trata de que el alza de los ingresos permitan recuperar parte del gasto social perdido en la crisis.

El Círculo de Empresarios, CEOE, Cepyme y la patronal bancaria AEB fueron ayer muy críticos con los cambios fiscales que propone el Gobierno

Algunas entidades como el BBVA advirtieron de que podría acabar encareciendo el crédito, mientras la AEB explicó que la banca no puede arreglar el problema de las pensiones que, en su opinión, requiere de "soluciones integrales". Esta misma idea la expresó la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), al advertir de "los posibles efectos colaterales" que una mayor carga tributaria puede suponer para la economía española en su conjunto, en términos de riqueza, empleo e inversión.

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, declaró que le parece "mal" la subida de impuestos a las tecnologías, la banca y los productos contaminantes, y abogó por "más bases imponibles y menos tipos, eso es lo que hay que hacer y no castigar siempre a los que pagamos". La patronal tecnológica Digitales rechazó que se grave "indiscriminadamente" al sector, que ya está hipertasado y no necesita más fiscalidad, dijo.

Por el contrario, la directora financiera de Telefónica, Laura Abasolo, afirmó que la operadora española "no ve con malos ojos" que se establezca un impuesto a las grandes tecnológicas, pero incidió en que debe hacerse con un consenso más general y de forma coordinada entre todos los países de la Unión Europea (UE).

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, sostuvo que en España son los asalariados y las clases medias quienes realmente pagan los impuestos y que el sistema tributario "sangra" a aquellos que "están cogidos por la nómina".