La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que presentará "cuanto antes" un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que para ella quiere "un acuerdo sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades de todos los sectores y que garantice una transición ecológica justa y equitativa". Lo afirmó en un acto interno del PSOE en el que intervinieron tanto el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, como el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, que demandaron una descarbonización "ordenada" que nos destruya empleo en Asturias y no afecte a la industria electrointensiva, la viga maestra que sostiene la economía de la región.

Ribera -acompañada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y de los miembros de su equipo en el Ministerio, incluido el asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente- se reunió en Ferraz con responsables y portavoces socialistas en materia de medio ambiente y energía para avanzarles las prioridades de trabajo de su departamento.

La primera prioridad del Ministerio es presentar cuanto antes un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estableciendo las orientaciones para cumplir el Acuerdo de París. En ese sentido, Ribera aseguró que "España no puede seguir siendo una excepción alarmante en nuestro entorno, donde ya están aprobadas numerosas normas sobre este asunto". Ribera explicó que el Gobierno quiere para esta Ley un acuerdo "sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades" y anunció que, asociada a ella, también se presentará próximamente un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía Clima 2021-2030, que impulsará "medidas de eficiencia energética y una alta penetración de las energías renovables".

Ribera da por hecho que ese tránsito hacia las renovables causará impactos negativos en diferentes territorios y por ello añadió que la segunda prioridad del nuevo Ministerio es ejecutar un Plan Estratégico de Transición Justa y para ello se compromete a trabajar con agentes sociales y territorios para promover en las zonas vulnerables políticas activas de empleo y de formación, y la protección social necesaria. "El inmovilismo no crea empleo; al contrario, el inmovilismo supone un lastre para la economía, la competitividad y la modernización", dijo Teresa Ribera.

A la reunión asistieron cinco representantes asturianos, además de Morán. Por parte del Gobierno del Principado de Asturias estaban el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola; el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, y la directora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz. Además, por parte de la Federación Socialista Asturiana (FSA) asistieron el secretario de Energía, Felipe González Coto, y José Luis Alperi, que a su vez es secretario general del sindicato minero SOMA-FITAG-UGT.

Pola intervino para destacar ante la Ministra la necesidad de que el proceso de descarbonización sea "ordenado y equilibrado" y alertó del peligro que tendría para Asturias una transición energética rápida, puesto que podría provocar un encarecimiento del precio de la energía que afectaría a la competitividad de la gran industria asturiana, intensiva en consumo de electricidad. Además de destacar las singularidades de Asturias, Pola incidió en "los incumplimientos" del anterior Gobierno del PP con respecto al plan del carbón y destacó la necesidad de poner en marcha un nuevo programa de actuación en las comarcas mineras.

José Luis Alperi también tomó la palabra y coincidió con Pola en reclamar una transición energética "ordenada". En ese sentido señaló que "se necesita tiempo, diálogo y consenso al no existir de momento una alternativa clara" a las centrales térmicas de carbón que no genere efectos negativos para territorios como Asturias. "Reclamamos una transición justa que no suponga pérdidas de empleos", señaló Alperi.

Por otro lado, el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, también defendió ayer en el Comité de las Regiones en Bruselas que se tenga en cuenta los efectos sobre las regiones carboníferas en la transición hacia una energía más limpia en la Unión Europea.