La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que su departamento está trabajando en "un plan de transición justa" complementario a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que servirá para paliar los costes sociales de los sectores y comarcas más afectados por el proceso de descarbonificación.

Ribera destacó la importancia "del diálogo social" porque "cuando no se presta atención a la gente, el cambio es mucho más dramático". La Ministra reconoció que "existe una sensación de temor ante este proceso de cambio" y se remitió a informes que aseguran que "se generarán nuevas oportunidades" y se crearán cuatro nuevos empleos por cada uno que se destruya, aunque concedió que "probablemente no se perderá y se ganará en los mismos lugares". Ribera reafirmó la posición del Gobierno de "apostar por el diálogo social para crear, con inversiones, un modelo productivo diferente acompañado por una estrategia solvente y completa de transición justa". En esta línea, Ribera aseguró que "estamos trabajando ya con otros ministerios (Trabajo, Industria, Economía y Hacienda e incluso Educación) en un Plan de Transición Justa. Queremos priorizar la creación de empleo sostenible proponiendo un trabajo centrado en las iniciativas locales sin obviar que se reciba un acompañamiento financiero, político e industrial que dé credibilidad al proceso". Ribera dejó clara la irreversibilidad de las decisiones: "Tenemos que incorporar los ajustes que funcionan y corregir lo que no funciona con una visión que vaya más allá de la conservación a ultranza de lo que ha dejado de funcionar".

Ribera hizo estas manifestaciones en el marco de la jornada que sobre transición energética celebró ayer CC OO y a la que asistieron Unai Sordo y dirigentes asturianos del sindicato como José Manuel Zapico y Damián Manzano, que pidieron "diálogo y medida de los tiempos" para alcanzar una solución lo menos gravosa posible.