El Gobierno acepta "modular" el cierre de centrales de carbón

Este tono de cautela (tras la fuerte inquietud y presión generadas en el último mes en territorios con térmicas de carbón, como Asturias) cobró mayor verosimilitud porque Ribera eludió establecer una fecha definida y concreta para la desconexión de estas plantas (Asturias cuenta con cinco instalaciones de carbón) mientras que sí fue imperativa en la señalización del abandono definitivo de la energía nuclear: todas las centrales existentes cesarán a los 40 años de su vida útil, lo que significa que la última en cerrar, la de Trillo (participada en el 15,5% por EDP España, la antigua compañía asturiana Hidroeléctrica del Cantábrico), se apagará en 2028.

Cierre de 7 térmicas. Pese a que el Gobierno podría considerar una transición menos acelerada a una energía verde para dar tiempo a la asunción de los costes sociales, territoriales y económicos inducidos por el fin de las térmicas de carbón, la ministra consideró inevitable el cese de actividad en 2020 de siete de las quince instalaciones de este tipo existentes en España, dado que no han realizado ninguna inversión para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias de reducción de emisiones. "El marco comunitario les obliga a cerrar", explicó, y no es realista pensar que vayan a hacer en un corto periodo de tiempo lo que no hicieron, dijo, hasta ahora. La ministra reiteró que el necesario cambio de modelo energético se hará "sin traumas y sin dejar a nadie atrás" y que, para que esto sea posible, hay que empezar a trabajar ya en ello y "no esperar a que la fecha de cierre se nos venga encima".

Aumento de emisiones. España no puede eludir el desafío de la transformación energética, indicó la ministra, porque se comprometió a ello "en los Acuerdos de París y por ser país miembro de la UE", y porque España "no puede ser una excepción". "Se necesita desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero" y, frente a este compromiso, España fue el país que en el periodo 2014-2017 más aumentó las emisiones, fundamentalmente a causa de la generación eléctrica y en particular por la quema de carbón, explicó.

Para hacer posible lo que se ha dado en llamar la "transición justa" ("con justicia social", precisó la responsable ministerial) Ribera abogó ayer ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso por impulsar "pactos locales" específicos en cada territorio y comarca afectados, con "objetivos y plazos", dando participación a las administraciones, los agentes sociales, los ciudadanos y los trabajadores. Se trata, dijo, de definir y apoyar "alternativas económicas" con "un plan ágil de actuaciones inmediatas", "trabajando de forma específica en cada zona vulnerable" y promoviendo "'clusters' de reindustrialización cuyos objetivos deben ser evaluables". "Las políticas de acompañamiento son prioritarias y exigirán actuaciones integrales y transversales", argumentó.

Proyecto de ley este año. A su juicio, "todo cambio tiene riesgos" y "el mayor de todos es no anticiparse" a lo que va a ser inevitable, "no tener estrategia y mirar para otro lado", permitiendo que "nos pille de imprevisto".

Las políticas contra el cambio climático y el calentamiento global supondrán oportunidades de empleo y de nuevas actividades, argumentó, pero las zonas a las que esta transformación les impacte de forma negativa (al menos, en primera instancia) deben ser objeto, propuso, de actuaciones que garanticen la "cohesión social y territorial" y que "no dejen a su suerte a las personas".

Ribera comprometió que el anteproyecto de la ley de cambio climático y transición energética para impulsar la descarbonización de la economía estará disponible antes de fin de año para que la ley pueda estar aprobada en esta legislatura: antes de las elecciones de 2020. La futura norma, que el Gobierno pretende elaborar a partir de "un acuerdo amplio, sólido y participado", debe facilitar, dijo, "una señal clara y contundente para orientar a los inversores", promover "nuevas actitudes socioeconómicas" y lograr una "economía plenamente descarbonizada" en 2050. Este objetivo "sería muy difícil de lograr", explicó, "si antes no conseguimos una reducción de emisiones en 2030 del 20% respecto a 1990" y una participación de las energías renovables del 32%.

"Esto nos obliga a trabajar en tiempo récord en los próximos meses para cumplir los plazos porque partimos de cero", expresó en una referencia crítica con el anterior Gobierno, del PP. "España debe enviar a la UE un plan integral de energía antes de que acabe este año, en el que debemos definir y consensuar grandes indicaciones sobre oportunidades y riesgos, y que servirá de paraguas a la futura ley".

El Gobierno constituirá una comisión independiente, integrada por especialistas en diversas disciplinas, que asesorará el proceso y evaluará tanto las políticas que se adopten como sus resultados.

Cogeneración y fiscalidad. La ministra avanzó que estudia la revisión del tratamiento de la cogeneración y el autoconsumo para favorecer una "descentralización de la producción energética", para lo que promoverá "un paquete de medidas urgentes". También se plantea "repensar" tanto el mercado energético como el sistema de fijación del precio de la energía. Una reconsideración de los elementos ajenos a la electricidad incluidos ahora en la factura permitiría compensar el eventual encarecimiento que pudiera originar el abandono del carbón como fuente primaria de energía. La ministra prevé revisar "de forma urgente" toda la normativa de renovables para facilitar su despliegue, y postuló la necesidad de "adecuar el sistema fiscal a la realidad climática".

Esta referencia alude a los tributos que, como en el caso del diésel, incentiva el consumo de las energías que son más contaminantes.