A la primera oportunidad que se le presentó, el Gobierno de Pedro Sánchez dejó claro que apostaba por una descarbonización exprés. Fue el 11 junio en Luxemburgo. Teresa Ribera llevaba cuatro días en el cargo de ministra para la Transición Ecológica (una denominación que ya es toda una declaración de intenciones) y en el debate para fijar el objetivo europeo de penetración de renovables para 2030 colocó a España, de la noche a la mañana, entre los países más ambiciosos. Luego manifestaría que "el carbón tiene poco futuro", que las nucleares deberán echar el cierre en 2028 o que el diésel "tiene los días contados". Camino despejado para el gas y para acelerar la implantación de las renovables, un sector al que han estado vinculados directa o indirectamente la mayoría de los dirigentes socialistas que llevan el timón de la política energética y medioambiental. El PP ha puesto el acento en esos vínculos y en unos "intereses" que, aseguran, "no son los del conjunto de los españoles".
En el Pleno monográfico sobre la transición energética celebrado en la Junta General del Principado, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, señaló que la descarbonización formó parte del pacto para desalojar al Gobierno de Mariano Rajoy y que "por eso se nombró a la ministra que se nombró". Fernández destacó que con la "maniobra" se cambió a Álvaro Nadal, "que le puso freno al señor de Iberdrola ¡con un par!" (en referencia a la oposición al cierre de la térmicas de Lada y Velilla) por Ribera, "la de las renovables".
Fuentes del PP explicaron que con el cierre de térmicas de carbón, los ciclos combinados serán las que marcarán el precio de la electricidad producido por todas las tecnologías y que las grandes beneficiadas de la subida del precio serán las compañías con importantes parques de centrales de gas y de renovables. "Sobre todo Iberdrola", apuntaron. "¿Con el cierre de térmicas y la consiguiente subida del precio de la electricidad se defienden los intereses del conjunto de los españoles?", se pregunta la diputada asturiana del PP en el Congreso Susana López Ares. Ella destaca la influencia de Cristina Narbona en la política energética del PSOE de Pedro Sánchez.
Cristina Narbona. Cuando el pasado año Pedro Sánchez volvió a tomar las riendas del PSOE situó en la presidencia del partido a la ex ministra de Medio Ambiente con Zapatero. En ese cargo, Narbona había destacado por su oposición al trasvase del Ebro y su apuesta por las desaladoras, pero también por su empeño en que España cumpliera con el Protocolo de Kioto de reducción de CO2. La descarbonización era una de sus banderas.
Teresa Ribera. En su época de Ministra de Medio Ambiente, entre 2004 y 2008, Narbona colocó al frente de la Oficina de Cambio Climático a Teresa Ribera, una alta funcionaria del Ministerio que en el segundo Gobierno de Zapatero ascendió a Secretaria de Estado. Tras la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, Ribera cruzó la puerta giratoria a la empresa. En septiembre de 2012 fichó por la compañía de energía solar fotovoltaica Isofotón como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales. Un año después, la compañía malagueña, que llegó a ser una de los líderes mundiales del sector y estaba fuertemente subvencionada por la Junta de Andalucía, echó el cierre y despidió a sus más de 500 trabajadores. El ERE no afectó a Ribera. Poco antes dejó la empresa para empezar a colaborar en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París, en el que asumió la dirección en junio de 2014. Ese cargo no le impidió volver a la política. En 2015 se incorporó al equipo de expertos de Pedro Sánchez para elaborar el programa electoral del PSOE y después ocupó la presidencia del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía de los socialistas. Teniendo en cuenta su trayectoria, ese último cargo y su sintonía con Narbona, a nadie extrañó que Sánchez pensara en ella como Ministra para la Transición Ecológica.
Josep Borrel. Otro ministro del actual Gobierno del PSOE, el titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también tuvo responsabilidades en una empresa del sector de las renovables, en este caso en la también andaluza Abengoa, que al igual que Isofotón creció con la burbuja de las renovables generada con la política del Gobierno de Zapatero y pinchó cuando se acabaron los incentivos. Borrell, que con Felipe González de presidente del Gobierno fue ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, fue nombrado en 2009, dos años después de dejar la presidencia del Parlamento Europeo, miembro del consejo de administración de Abengoa y en 2010 pasó a ocupar la presidencia de su consejo asesor internacional. Borrell es, desde 1998, pareja de Cristina Narbona.
José Domínguez. En Abengoa también ocupó cargos de responsabilidad José Domínguez Abascal, al que Teresa Ribera ha nombrado secretario de Estado de Energía. Catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, entre 2004 y 2008 fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía y desde ese cargo político pasó a la empresa privada como secretario general técnico de Abengoa. Entre 2008 y 2015 fue responsable de desarrollo de tecnología de energías renovables de la compañía y desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016 asumió la presidencia de Abengoa en una época crítica para la compañía después de que ésta presentase preconcurso de acreedores asfixiada por una deuda de casi 9.000 millones de euros. Domínguez fue uno de los siete expertos que elaboró la "Propuesta de bases para una estrategia de transición energética", el guión que está siguiendo el Gobierno del PSOE y en el que se fija para 2025 el cierre de las térmicas de carbón.
Hugo Morán. La otra secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Energética, la de Medio Ambiente, está en manos del asturiano Hugo Morán. El ex alcalde de Lena, persona muy cerca a Narbona, no ha tenido vinculaciones directas con el sector empresarial de las renovables. Durante los últimos años compatibilizó su cargo de secretario de Área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE con el de asesor de la empresa de construcción asturiana Coprosa, que está en concurso de acreedores.
Mariano Bacigalupo. Narbona, Ribera, Domínguez y Morán pilotan una transición energética cuyo ritmo es considerado por el Gobierno del Principado, la patronal asturiana y los sindicatos un peligro para la economía asturiana. Destacan que el cierre anticipado de las térmicas de carbón elevaría el precio de la electricidad y lastraría la competitividad de la gran industria electrointensiva de la región. Son partidarios del sistema que pretendía aplicar el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, para regular el cierre de centrales aplicando criterios que, además de la garantía de suministro, tuvieran en cuenta los efectos en el precio de la electricidad o en la planificación energética y medioambiental. Según señaló Hugo Morán en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA "en el marcado europeo no existe un mecanismo que interfiera en los procesos de decisión de las empresas que vaya más allá de la garantía de seguridad de suministro". Además apuntó que "el Gobierno anterior sabía que lo que proponía no iba a ser admitido por la Comisión Europea porque un informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) dejaba claro negro sobre blanco que no iba a pasar el filtro". Sin embargo, desde el PP afirman que la CE deja margen a los estados miembros para fijar su política energética y la diputada Susana López Ares apuntó un detalle "que muestra muy poca seriedad y es que uno de los firmantes del informe de la CNMC es el marido de la ministra Ribera". Se refiere al abogado Mariano Bacigalupo, que desde junio del pasado año es consejero de la CNMC a propuesta del PSOE y anteriormente ocupó cargos en la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
