El precio de la electricidad se disparó en el mes de julio en el mercado español el 27% interanual y acabará el año con una subida media del 11%, según una estimación de los grandes consumidores industriales de energía. El coste de los bonos para emitir CO2 (dióxido de carbono, gas causante del cambio climático) y su impacto en el funcionamiento de las térmicas de carbón explican principalmente una evolución de los precios que refuerza la siguiente convicción compartida por el Gobierno asturiano, las empresas y los agentes sociales: penalizar a las centrales carboneras para sacarlas de la dieta eléctrica encarece la luz y resta competitividad a la industria y al conjunto de la economía. Al menos con el diseño vigente del mercado.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), de la que forman parte, entre otras multinacionales, Arcelor, Azsa y Alcoa, ha calculado, a partir de los resultados de los mercados donde se fija el precio de la electricidad (el mercado diario o "spot" y el de futuros), que en 2018 el coste medio del megavatio/ hora será de 57,9 euros, el 11% superior al de 2017 y hasta el 34% más caro que en Alemania, donde están algunos de los principales competidores de la industria asturiana y española. El precio de la energía consumida representa en torno al 40% del recibo en el caso de los hogares, de forma que una subida del 11% eleva la factura total algo menos del 5%. Para las empresas el sobrecoste puede ser multimillonario en el supuesto de aquellas con procesos productivos que requieren consumos extraordinariamente altos.
¿Por qué suben así los precios este año? Sobre el papel, las abundantes reservas de agua y con ello la alta producción hidroeléctrica deberían ayudar a contener el coste del kilovatio. De acuerdo con las tesis del sector de las energías verdes, la creciente aportación del conjunto de las tecnologías renovables (44,6% de la generación, frente al 38,3% de 2017) tendría que tener también un efecto moderador.
Pero el precio sube. Lo hace en una parte porque han repuntado las cotizaciones internacionales del gas natural y del carbón, al igual que la del petróleo. Pero, sobre todo, ocurre como consecuencia de la escalada en los derechos para emitir CO2 que están obligadas a comprar las térmicas carboneras y las centrales alimentadas por gas (ciclos combinados), remarcaron fuentes del sector energético.
Esos derechos o bonos se cotizan en un mercado europeo (especie de bolsa del CO2) donde los precios se han triplicado en un año, alcanzando niveles inéditos desde 2008 como consecuencia de varios factores: por un lado, el crecimiento del consumo eléctrico, que eleva la demanda de bonos; por otro lado, una contracción en la oferta ligada a que las compañías que disponen de derechos gratuitos (siderúrgicas, cementeras, químicas y otras) están aumentando producción y por ello consumiendo más bonos o en otros casos atesorando sus excedentes durante el año ante la expectativa de que aumente su valor.
Las plantas de generación eléctrica más directamente afectadas por el encarecimiento de los derechos para emitir CO2 son las térmicas de carbón y los ciclos combinados. El impacto sobre los costes de producción de las primeras es mayor, porque emiten hasta un 60% más de dióxido de carbono por kilovatio que las centrales de gas. Así que los sobrecostes del CO2, unidos a la alta generación renovable (con prioridad para entrar en el mercado), están reduciendo este el año protagonismo de las térmicas en la cobertura de la demanda (12,1%, frente al 16,7% de hace un año) y también el de los ciclos combinados, aunque en menor medida (9,2%, frente al 10,9%).
Consecuencia: por la forma en que funciona el mercado mayorista de la electricidad en España -todos los kilovatios de todas las tecnologías se pagan al precio de la central más cara que entra en el mercado cada hora, a menudo una de carbón o de gas- la penalización que tienen esos complejos por sus emisiones se traslada amplificada los consumidores. Y las térmicas de carbón lo tienen más difícil para entrar en el mercado, siendo sustituidas por centrales de gas que en un escenario con precios bajos del CO2 serían menos competitivas.
Eso está ocurriendo ya, antes de que la Unión Europea dé el paso para endurecer aún más el mercado de emisiones a partir de 2020. Es otro de los frentes del proceso de "descarbonización de la economía" que alarma a la industria asturiana.
