España encara la revolución energética que traerá la llamada "descarbonización" de la economía -drástica reducción de las emisiones de CO2 en las próximas décadas- con lastres económicos mayores que otros países, entre ellos un precio de la electricidad más caro que en la mayoría del resto de estados de la UE y que está sobrecargado por la deuda que arrastra el sistema: más de 20.000 millones de euros (saldo vivo a fines de 2017), resultantes en buena medida de errores en la política energética de épocas pasadas. Los consumidores españoles tendrán que seguir pagando diez años más ese pufo, que se lleva algo más del 8% de lo que paga una familia por el recibo de la luz.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los usuarios abonaron 2.819 millones en 2017 para amortizar capital y pagar intereses del denominado "déficit tarifario", resultante del sistemático desfase que entre los años 2000 y 2013 se produjo entre los gastos y los ingresos de la tarifa. Durante ese período, los gobiernos de José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) tomaron decisiones de política energética que desencadenaron e inflaron ese déficit, sobre cuyas causas existen opiniones divergentes. Un sector de expertos y de empresas lo atribuye principalmente a la temprana y descontrolada apuesta que los socialistas hicieron por las energías renovables y otros apuntan hacia el diseño del mercado que comenzó a funcionar en España a partir de que, con Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía, el PP activó el proceso de liberalización del sistema eléctrico wn 1997.
El inicio. La deuda eléctrica llegó a rondar los 29.000 millones de euros en 2013, tras haberse disparado a partir de 2008. Pero el desequilibrio comenzó ya en 2000, en parte por una decisión del Gobierno popular de entonces: que la luz no subiera más del 2% pasara lo que pasara con los costes del sistema. Fue para favorecer la entrada en el euro, cuya disciplina requería contener la inflación, y para evitar también los costes políticos de posibles "tarifazos".
Los explosivos CTC. Entre 1997 y 2006, las grandes eléctricas cobraron los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), una compensación pensada para que pudieran amortizar inversiones en centrales (hidroeléctricas, nucleares y térmicas) que habían sido realizadas antes de la ley que "liberalizó" el negocio de la generación. Se les garantizaba así una retribución segura ante la expectativa de que los precios bajaran con el nuevo mercado. Pero los precios no bajaron y las eléctricas cobraron igual los multimillonarios CTC. Para una corriente de expertos, los más pegados al sector renovable, esa "irregular sobrerretribución" fue uno de los detonantes de explosiva deuda del sistema.
Una burbuja. La regulación que el PSOE de Zapatero activó para impulsar las energías renovables y en particular la solar condujo a una burbuja especulativa que sobrecargó los costes eléctricos y terminó por atrapar además a miles de inversores modestos. Las primas e incentivos a las tecnologías verdes y otras análogas llegaron a supera los 12.000 millones al año. Las que recibían los productores de energía fotovoltaica superaban los 2.500 millones a pesar de que estas plantas cubrían menos del 2% de la demanda. Al llegar Rajoy al Gobierno, se redujo la retribución a las renovables para frenar el déficit, además de subir la luz y recortar otros ingresos de las eléctricas.
Otra burbuja. El período en que se forma el déficit coincide primero con la expansión y luego con la recesión de la economía española, a lomos de la burbuja inmobiliaria. En la energía hubo otra burbuja además de la solar: España acumuló una gran sobrecapacidad de generación eléctrica que se manifestó en especial con la proliferación de centrales de gas (ciclos combinados), que presionaron los costes de la tarifa a través de los "pagos por capacidad", incentivos a las eléctricas por invertir y tener disponibles esas instalaciones. La mayoría funcionaron bajo mínimos durante la crisis y aún siguen en pérdidas.
Millones caídos del cielo. El funcionamiento del mercado mayorista de la luz también ha estado en cuestión. Su diseño (marginalista) hace que desde 1997 se pague igual el kilovatio producido en un pantano inaugurada por Franco y sin apenas costes variables que el de una moderna central de gas, la tecnología convencional más cara. Que sea así ha permitido, opinan los especialistas más beligerantes con el modelo, que las principales eléctricas (las propietarias de presas y nucleares, sobre todo) obtuvieran multimillonarios "beneficios caídos del cielo" ("windfall profits", en la jerga anlosajona) que sobrecargaron el precio para los consumidores y la deuda que les queda por pagar.
