La tasa de litigiosidad laboral (número de pleitos por asuntos del trabajo en relación con la población) aumentó el 8,5% el pasado año en Asturias, presumiblemente porque están repuntando las reclamaciones de los trabajadores sobre salarios y jornadas. Según una interpretación de juristas, esa evolución esta ligada a la recuperación económica en la medida en que se reduce el temor al despido que en otras circunstancias puede inhibir las demandas.

"En épocas de crisis, las reclamaciones de cantidad y otras relativas al cumplimiento de los convenios colectivos no llegan tanto a los Juzgados; el aumento de esos asuntos puede explicar ahora el incremento de la litigiosidad", explica Belén Fraga, abogada laboralista de la firma Vaciero. Y subraya que el avance en la tasa de pleitos (8,5% en 2017) ha sido en Asturias más intenso que en el conjunto de España (5,8%) y llamativamente superior también al índice (4%) relativo al conjunto de las jurisdicciones (civil, penal, social y contencioso-administrativa).

Entre los sindicatos, servicios jurídicos de UGT no han notado un aumento significativo de las demandas judiciales que se canalizan a través de ellos. UGT mueve más de 2.400 asuntos al año, por encima del 20% de los más de 11.000 asuntos laborales que cada año llegan ante los magistrados de lo social. Los abogados de CC OO sí han apreciado, indicó un portavoz del sindicato, cierto aumento en las reclamaciones salariales.

Entre los pleitos más frecuentes figuran también los relativos a despidos, aunque con niveles claramente inferiores a los de los años de crisis. La indemnización media pagada por las empresas en los casos llegaron al Juzgado fue de unos 13.000 euros.

En la actividad de los Juzgados de lo social y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) llama la atención el alto número de demandas y sentencias relacionadas con las pensiones de invalidez. Las fuentes jurídicas consultadas lo achacan a la política del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la concesión de las prestaciones por incapacidad permanente. Aunque la legislación no se ha endurecido, los tribunales médicos son más exigentes que hace años en sus diagnósticos, de forma que se rechazan muchas solicitudes en vía administrativa. Según esa versión, ahora es muy difícil obtener el reconocimiento de la pensión sin pasar por el Juzgado.