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Los asturianos se lanzan a opositar para acceder a más de 3.000 empleos públicos

Las academias se llenan ante el desbloqueo de la oferta de trabajo en las administraciones, que moviliza a muchos aspirantes de más de 40 años

Los asturianos se lanzan a opositar para acceder a más de 3.000 empleos públicos

La época de vacas flacas en el empleo público ha llegado a su fin. La convocatoria de plazas ha entrado en eclosión tras los años de crisis y recortes, y los asturianos se lanzan a opositar, estudiando por su cuenta o llenando las academias. A un año vista, miles de esos ciudadanos, muchos de ellos con edades ya avanzadas, pugnarán por los más de 3.000 puestos de trabajo que ofertarán las distintas administraciones en la región.

"No paro de recibir llamadas y organizar grupos para cuando comiencen las clases en septiembre. Empiezo a las nueve de la mañana a coger el teléfono y no deja de sonar hasta las ocho de la tarde". Muy atareado, al otro lado de la línea telefónica responde el administrativo de un centro de estudios de Oviedo dedicado a preparar oposiciones. La conversación tiene lugar un día después de que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) anunciara una oferta histórica de empleo en la sanidad regional: 2.013 plazas. Semanas atrás, el Consejo de Ministros aprobó 30.844 puestos de la Administración del Estado para toda España, entre plazas de acceso libre y de promoción interna, cuyas pruebas se convocarán en los próximos meses. Antes de final de este año, el Principado también examinará a los aspirantes a otros puestos de funcionarios y personal laboral, para distintos servicios. Y tiene el compromiso de ofertar centenares de plazas más en la enseñanza. Adicionalmente, los principales Ayuntamientos de la región también activarán algunas ofertas.

Ante esa expectativa, muchos asturianos se han puesto a hincar los codos como nunca. "Hay que estudiar muchísimo; yo siempre les digo a mis alumnos que los que las sacan son héroes", asegura Belinda García, directora de la Academia Tamargo. El perfil del opositor ha cambiado considerablemente durante los últimos años, explica Pablo García, que lleva tres décadas preparando a estos candidatos en Oviedo. "Ha aumentado mucho la edad", asegura. En los años 90, las aulas estaban ocupadas generalmente por jóvenes que rondaban la veintena; ahora los pupitres los ocupan con frecuencia opositores de cuarenta años y con hijos, y parte de ellos ya con otro empleo. Asalariados del sector privado y con contratos inestables que aspiran a la consistencia del trabajo público.

Belinda García puntualiza: "Hay de todo". Y se explica: "Oposita gente que perdió o dejó el trabajo, otros que trabajan y buscan más estabilidad, y otros que salen de la Universidad y se apuntan directamente a preparar una oposición porque no ven otra salida". "Preparar una oposición es muy duro", agrega Pablo García, "es peor que sacarse una carrera, siempre se lo digo a mis alumnos en clase". El docente tiene la teoría de que, como mínimo, para aprobar se necesitan tres años de estudio diario.

El apetito es grande, pero el menú de las oposiciones se va sirviendo poco a poco. El del Sespa llega tras quince años de sequía, sin apenas selección de personal, se quejan los sindicatos. En este caso, las oposiciones están marcadas por el compromiso de recortar drásticamente la temporalidad en la sanidad asturiana.

De ahí que en la mayoría de estos procesos de selección se vaya a primar a quienes llevan tiempo trabajando para la administración, pero sin ser funcionarios. Los llamados interinos dispondrán de ventaja en los procedimiento de concurso-oposición: una vez superado el examen, sus años en el trabajo puntuarán extra. Haber congelado la oferta de empleo público durante estos últimos años podría dar lugar a la paradoja que comenta Sergio Peña, presidente en Asturias del sindicato de funcionarios CSIF. "Ocurrirá que muchos de los interinos que logren la plaza ya estén próximos a la edad de jubilación; hay personas que llevan más de veinte años trabajando para la Administración", asegura. Puede ocurrir en la sanidad, donde la oferta ha estado congelada durante muchos años, pero también en otros ámbitos como el de la educación.

Los exámenes empiezan a estar a la vuelta de la esquina, al menos a ojos de quien está preparándolos. Los detalles que por ahora se conocen son los siguientes:

Sanidad. Las primeras pruebas de la macrooferta sanitaria será el 3 de febrero de 2019, para seleccionar a 23 matronas. Luego vendrán 61 plazas de fisioterapeutas, 232 de auxiliares administrativos, 799 de auxiliares de enfermería, 399 de celadores y 499 de enfermería.

Principado. También están convocadas y, por lo tanto, a la espera de fecha para el examen, 312 plazas para ocupaciones del Principado distintas a la sanidad y la educación. La gran mayoría de ellas serán para auxiliares administrativos (71), pero también habrá hueco para biólogos (3), farmacéuticos (2), psicólogos (3) o terapeutas ocupacionales (6), por ejemplo.

Educación. Tras las oposiciones de este año (459 plazas para docentes de Secundaria y FP), el Principado y los sindicatos han pactado al convocatoria de al menos 400 plazas de Infantil y Primaria en 2019.

Administración central.

El Estado ofertará casi 31.000 plazas a nivel nacional, parte de ellas para las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es imposible predecir en este momento cuántos de esos puestos corresponderán a Asturias.

Municipios. Los ayuntamientos ofertan por ahora con cuentagotas: dos plazas de administrativo, once de auxiliar y cinco de subalterno en Gijón; tres de auxiliar para Oviedo y cuatro para la misma ocupación en Avilés.

Ese es, a grandes rasgos, el menú de oposiciones que se espera para 2019, que con seguridad movilizará a decenas de miles de estudiantes asturianos jóvenes y no tan jóvenes.

Entre toda esa oferta, lo que más atrae a los opositores es el empleo en el Principado. Especialmente, los puestos de auxiliares y de administrativos. Las aulas de las academias están llenas de opositores preparándose para esos exámenes. "Las de Justicia y las de Hacienda son de las que más llaman la atención también", señala Belarmina García, y aconseja a los aspirantes: "Esto es una carrera de fondo". Resalta también que el opositor asturiano es poco dado a presentarse a los exámenes para ser funcionario en otras comunidades autónomas. Prefiere trabajar cerca de casa y no tener que hacer las maletas.

En la oferta de sanidad lo pactado es que todos los exámenes se celebren a la vez en toda España, para que no haya un efecto llamada de una comunidad a otra. Ese mismo compromiso existió para las oposiciones en la enseñanza que se celebraron este año y para las de los venideros.

La gran oferta de empleo público está marcada por el objetivo de reducir las tasas de temporalidad de la plantilla de la Administración. Sergio Peña asegura que, de los 37.000 trabajadores públicos que tiene el Principado -con mucha diferencia, el principal empleador de la región-, el 30% son interinos. Salen más 11.000. Tras un acuerdo firmado en Madrid entre el Gobierno central anterior y los sindicatos, se quiere reducir ese porcentaje hasta dejarlo como mucho en el 5% en 2020. El sindicalista Pablo García denuncia que estas elevadas cifras de interinos se deben "a las calamitosas políticas del Gobierno".

Que la oferta pública de empleo es de magnitud considerable lo reconocen también los sindicatos, aunque defienden a la vez que el esfuerzo podría haber sido mayor. Como ejemplo de lo contundente de las cifras, un dirigente subraya que "hay prevista una oferta de entre seis y ocho plazas de arquitectos para el Principado, "cuando ahora mismo hay nueve en plantilla". Casi se duplicarán.

Durante la Gran Recesión, los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del popular Mariano Rajoy pusieron a estricta dieta las incorporaciones a las plantillas de las administraciones públicas. No hubo despidos, aunque sí un fuertísimo recorte de las nuevas contrataciones que acabó reduciendo el número de efectivos mediante la vía de ir dejando sin cubrir las vacantes. El final de la austeridad llegó en 2017, cuando el Gobierno de Rajoy pactó con los sindicatos una nueva política de empleo público que ahora se está desplegando.

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