El Ministerio de Transición Ecológica considera "interesantes" los contenidos de las leyes sobre cambio climático que ya promueven por su cuenta varias autonomías, según una opinión expresada por la ministra Teresa Ribera. Tales regulaciones están siendo analizadas por el Gobierno central en el contexto de la elaboración del proyecto de ley estatal que guiará el proceso de descarbonización de la economía, cuyo calendario e impactos económicos tanto inquieta al Principado y a los agentes sociales en Asturias, por el riesgo de cierre acelerado de las térmicas de carbón y de encarecimiento de la electricidad. Baleares es la primera región que pone fecha al cierre de térmicas de carbón, con la clausura de dos instalaciones en Alcudia.

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que promueve el gobierno balear de la socialista Francina Armengol determina que, antes del 1 de enero de 2020, se procederá al "cese de funcionamiento" de dos de los cuatro grupos de la central carbonera de Alcudia, propiedad de Endesa. Se trata de las instalaciones más antiguas del complejo y forman parte de los grupos térmicos que en toda España (siete) cerrarán presumiblemente a partir de esa fecha al no invertir las empresas en equipos para reducir las emisones de óxidos nitrosos (desnitrificadoras), como prescribe la UE. En ese mismo caso se encontrarán en Asturias la térmica de Soto de la Barca (Tineo) y uno de los dos grupos de Aboño (Carreño), salvo en el supuesto, ahora considerado muy improbable, de que la hoja de ruta estatal para la transición energética estimule a las eléctricas a abordar las inversiones ambientales pendientes.

El proyecto de Baleares, que ha pasado ya por el trámite de información pública, también fija un plazo para restringir la circulación de coches diésel en las islas. "A partir del 1 de enero de 2025, queda prohibido el acceso y la circulación en las Islas Baleares de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que utilicen diésel como combustible, excepto aquellos vehículos respecto de los cuales se establezcan reglamentariamente excepciones por razón de servicio público o de su previa radicación en el territorio de la comunidad autónoma", señala la norma. Esa redacción supone que desde 2025 quedará vetada la circulación de los coches alimentados por gasóleo salvo los que hayan sido matriculados antes de la fecha indicada. A mayores, el gobierno de Armengol plantea también extender la misma prohibición a partir de 2035 para los coches de gasolina.

Aunque Teresa Ribera ha elogiado de manera genérica la iniciativa política de territorios como Baleares, Cataluña o Navarra frente al cambio climático, ella misma ha precisado últimamente que el Gobierno no se está planteando poner una fecha concreta para dar el finiquito a los motores de gasóleo. Ribera, quien semanas atrás declaró que "el diésel tiene los días contados", ha matizado un mensaje que entonces desencadenó críticas y alarmas en la automoción y entre los usuarios.

Cataluña también está entre las comunidades que más tempranamente han impulsado una norma automómica sobre transición energética. En ella no hay referencias a las térmicas de carbón, inexistentes en la región, aunque sí a las centrales nucleares. El planteamiento catalán coincide con el del Gobierno socialista del Estado: que los centros de generación atómica sean clausurados según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil, lo que supone su desconexión antes de 2027. Según esa regla, los tres grupos nucleares de Cataluña (Ascó I y II y Vandellós II) cerrarían entre 2023 y 2027.