José Ignacio Alemany Bellido es partidario de que en España haya una armonización fiscal que acabe de una vez por todas con la guerra de impuestos que están librando las comunidades autónomas. Aunque natural de Madrid, buena parte de su familia es oriunda de Luarca. Muy cerca, en Cadavedo, Alemany, que preside la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF), pasa estos días sus vacaciones. En las siguientes líneas repasa los principales retos tributarios que afronta España.

-El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez llega con ánimo de introducir cambios fiscales de calado.

-No sé si serán tan transcendentales. Hasta ahora ha sido sólo un anuncio, quizás para ver cómo reaccionaba la gente.

-¿Qué impacto puede tener el nuevo impuesto a la banca que se plantea?

-Al sector le puede afectar, lógicamente. Está sin definir, y los bancos seguro que lo repercuten a los clientes. Con la teoría tributaria en la mano, un impuesto de este tipo va en contra del principio de generalidad. No sabemos cuál va a ser el hecho imponible, porque ya tenemos un impuesto sobre los depósitos bancarios y otro sobre las operaciones financieras, pero no sabemos cómo se va a definir este nuevo, si va a ser un impuesto sobre el beneficio o no. Es complicado.

-Los cambios fiscales van a empezar por establecer un tipo mínimo del 15% en Sociedades. ¿Tributan poco las empresas españolas?

-Hay quejas de que las grandes empresas no pagan impuestos, lo cual no es cierto. Nosotros hicimos un estudio demostrando que sí los pagan, lo que ocurre es que muchos de los beneficios vienen de fuera, y cuando los integras con los beneficios que has tenido aquí tienes que restar los impuestos que ya has pagado en el extranjero. Por eso pensamos que lo que va a hacer el Gobierno es limitar la aplicación de las deducciones. ¿Cuál es la pega de esto? De esa forma no se recoge la capacidad económica real y a las grandes empresas les puede hacer polvo, y esto puede provocar que las grandes o multinacionales que quieran invertir en España se lo vayan a pensar más.

-También sobrevuela un incremento del impuesto del gasóleo para tratar de arrinconar el uso de ese combustible. ¿Tiene sentido?

-Tiene sentido en la medida en que en comparación con Europa estamos pagando menos por ese combustible. Hay cierto margen, pero con la excepción de los transportistas, que no van a dejar que suba mucho. Todo impuesto medioambiental está destinado a morir, porque lo que busca es que no hagas lo que grava.

-¿Y son efectivos?

-Estos impuestos, por un lado, recaudan y, por otro, tienen el objetivo de que la gente consuma menos. Es una función social. Los chicos de ahora ya no fuman cigarrillos, fuman tabaco de liar porque es más barato. Todo esto tiene un límite, porque en el momento en el que la gente deje de consumir dejas de recaudar. De hecho, la doctrina tributaria nunca considera los impuestos ambientales como recaudatorios porque su fin es evitar el consumo.

-¿Hay una guerra fiscal entre comunidades en España para atraer contribuyentes?

-Sí, claramente. Pero no sólo de estos impuestos de los que hemos hablado hasta ahora, también de los principales, como el IRPF, el de sucesiones y el de patrimonio. Especialmente estos dos últimos porque son sobre los que tienen mayor capacidad normativa las comunidades autónomas. La Constitución establece la autonomía financiera de las comunidades, por lo que un margen se les tiene que dar, pero también establece que la diferencia de tributación no tiene que ser muy grande. Pero resulta que sí lo es. Hay traslados de residencia por motivos fiscales, y eso no debería ser así. Hay margen para llegar a un acuerdo, y cuando se resuelva el problema catalán se puede llegar a un tipo mínimo en patrimonio, por ejemplo

-¿Y qué hacer con el impuesto de sucesiones?

-La Constitución dice que tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. Si heredar es una manifestación de capacidad económica, que lo es, lo lógico es que haya una cierta tributación. Quizá no tanta como la que hay, porque entre extraños con patrimonios altos puedes llegar a tributar al 82%, lo que es una burrada. Una cierta progresividad tiene que haber, pero inferior a la que hay ahora. Hay que buscar que no haya competencia desleal entre las comunidades. También hay otro impuesto, que a veces se nos olvida, que tiene diferencias importantes, que es el de transmisiones patrimoniales, hay diferencias importantes entre comunidades.

-Madrid es de las comunidades con los impuestos más bajos. ¿Va ganando la capital en esta guerra fiscal?

-Lo de Madrid es efectivo si eres el primero porque atraes a mucha gente. Madrid no hizo esto a tontas y a locas; primero, en 2005, hizo una bonificación en donaciones, del 99%, y el primer año recaudó más que el año anterior, en el que no había bonificación. La gente no se muere por gusto, pero las donaciones sí las puede hacer por gusto. Como esto salió bien, puso las bonificaciones a sucesiones. ¿Y qué ganó Madrid? La cuota del IRPF. Imagínese, si viene una persona de 40 años a vivir a Madrid porque quiere evitar el impuesto cuando se muera, desde los 40 hasta que se muera el 50% de lo que paga de IRPF va a las arcas de Madrid. La jugada les salió redonda. Ahora veremos, porque hay elecciones el año que viene y Ciudadanos no está por la labor de mantenerlo porque son de los que piensan que debería haber mayor armonización. El PP está muy tocado en Madrid, y puede haber cambios.

-Las rentas del trabajo tributan más que las del capital, ¿habría que reconsiderar esa tendencia?

-Es difícil. Las rentas del capital son muy movibles y si las sometes a tributación se pueden ir. En cambio, las del trabajo no se mueven tanto. Hay margen para subir algo la tributación de las rentas del capital, pero es un equilibrio muy complicado. Sí sabemos que sucesiones hay que cambiarlo, que patrimonio hay que armonizarlo, pero tocar el IRPF puede tener su complicación porque puede haber efectos como el que la gente deje de invertir.

-España tiene unos ingresos fiscales inferiores a los de la media europea...

-Sí, pero no tanto. El tema de si los ingresos son o no un porcentaje muy alto del PIB va unido al gasto público. Si tengo la sensación de que el dinero está bien gestionado y que hay una asignación eficiente de los recursos, tengo una buena educación y sanidad pública y buenas carreteras, estaré más dispuesto a pagar. Es lo que pasa en los países del norte de Europa, que están acostumbrados a pagar más porque también tienen mejores servicios públicos.

- ¿Hay mucho fraude fiscal en España?

-El del fraude es un tema de educación. No se soluciona con más medidas represivas ni considerando al contribuyente como un presunto delincuente. Tiene que haber un esfuerzo para que la gente sienta que la Agencia Tributaria es necesaria. Pero esto es un cambio muy a largo plazo.

-¿Habría que prohibir las amnistías fiscales por ley?

-Lo que ocurre es que una ley posterior anula una anterior, por lo cual... Una amnistía fiscal es una medida no deseable, pero a veces es necesaria porque permite obtener información y que salga a la luz mucho patrimonio oculto. Los asesores estamos totalmente en contra del fraude fiscal. Es verdad que estas medidas benefician al que ha defraudado, pero tienen otro tipo de beneficios para la sociedad en la medida en que sacan a la luz un patrimonio que pasa a estar sometido a tributación. Ya va a haber muy pocas porque cada vez hay más información.

-El actual Ejecutivo y el anterior se han planteado lanzar la "tasa Google" para gravar las ventas de las grandes tecnológicas y contrarrestar sus prácticas de ingeniería fiscal. ¿Es un paso en la buena dirección?

-La del Estado está pendiente, pero la de la Unión Europea es un poco matar moscas a cañonazos. Es difícil determinar dónde se obtienen los beneficios, y ante esa dificultad se ha decidido crear un impuesto indirecto. Darle una solución fiscal a esa maraña de servicios que ofrecen esas empresas es muy complicado.

-¿Qué hacer fiscalmente con la llamada economía colaborativa?

-Ése es otro problema. Ahí hay dos temas. Por un lado, la regulación del sector. Es decir, es una cuestión de orden público decir ¿tienes la licencia para hacer esto?, ¿cumples con las medidas de seguridad? Luego ya viene la tributación. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Airbnb (la página de alquiler de habitaciones turísticas) para que todos los llamados anfitriones (los propietarios) puedan tener información sobre cómo tributar. Lo que ocurre es que es muy complicado tener información sobre esos rendimientos. La tributación se basa en la información y cuando tienes economía colaborativa lo que falta es información.