El PP alerta del peligro de que siga subiendo la luz e incluso de riesgos de "apagones" en Asturias si el Gobierno no se dota de una herramienta que permita regular el cierre de centrales eléctricas y evite clausuras como la de la térmica de carbón de Lada. El Congreso debatirá mañana una proposición de ley presentada por el grupo popular en la que se plantea una nueva regulación de las condiciones de clausura que, además de la garantía de suministro, incluye los efectos sobre el precio de la electricidad, la competencia empresarial o el impacto ambiental.

El diputado asturiano del PP Ramón García Cañal, vicepresidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, destacó esta mañana que el Gobierno de Rajoy trató de regular el cierre de centrales mediante real decreto y que ante la imposibilidad de esa vía el partido presentó una proposición de ley que será debatida mañana en el Congreso. "El Gobierno tendría la llave para impedir o aceptar el cierre de las térmicas y nucleares en función de los intereses generales del país y no sólo de las empresas eléctricas", señaló García Cañal, que destacó que "las consecuencias de un cierre desordenado" serían una subida de los precios de la electricidad, "con las consecuencias que eso tendría para las tres grandes empresas electrointensivas de la región y sus 25.000 empleos vinculados", el incumplimiento de los recortes de emisiones de CO2 e incluso "riesgos de apagón en Asturias" por la posible pérdida de centrales térmicas en el Principado y León, y la dependencia de las conexiones eléctricas por Pajares.

El diputado asturiano del PP espera que los grupos políticos en el Congreso "rectifiquen" y apoyen la proposición. "El balón está en el tejado del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que no sabemos qué van a hacer porque lo que dicen aquí no es lo que dicen en Madrid", apuntó Canal. Según la propuesta del PP el cierre definitivo o temporal de centrales requerirá de dictámenes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la Oficina de Cambio Climático y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que evaluarán si las clausuras tienen efectos desfavorables sobre los precios, la competencia en el mercado eléctrico o los objetivos medioambientales.