La ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que su departamento, en colaboración con los de Empleo, Educación, Industria, Economía, Hacienda y Ciencia e Innovación, está diseñando un plan para paliar los efectos de la transición energética en los territorios más afectados, entre los que se encuentra Asturias. Ribera confió en sumar a los gobiernos de las comunidades autónomas "para dar respuestas a cada una de esas zonas". La ministra solicitó también el acompañamiento de sindicatos y empresarios para "activar una agenda económica e industrial". "Queremos trabajar en proyectos de reconversión bien diseñados e integrados en el desarrollo territorial, que garanticen empleo a medio y largo plazo", señaló Ribera.
La Ministra anunció como "herramienta fundamental" los denominados "contratos de transición" pactados con el mayor número de actores posibles, incluidos los concejos. Este tipo de contratos ya fueron impulsados en Francia por el gobierno de Emmanuel Macron, así como en Alemania y Reino Unido. "Necesitamos actuar ya", concluyó la ministra, que anunció que "la Ley de Transición Ecológica justa" llevará el sello de urgente para comarcas mineras y en las que existan nucleares.
Ribera respaldó las palabras del presidente Pedro Sánchez respecto a situar a Hunosa "a la vanguardia" de la transición ecológica aunque no ofreció detalles. "Es un gran desafío y una gran responsabilidad. La evolución de una empresa tan importante como Hunosa en un momento de transición como éste es clave. Estamos trabajando con ellos para ver cómo encaja esa pieza", afirmó Ribera a la conclusión de una jornada sobre "Transición Energética y Empleo", celebrada en la Fundación Ramón Areces en Madrid, a la que también asistieron la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, y la directora general de Minería del Principado, Belarmina Díaz.
Los ponentes coincidieron en que es inevitable la transición a las renovables, que esta transición supondrá un aumento de empleo en el sector energético -los más optimistas calcularon que se generarán seis nuevos empleos por cada uno destruido- y que habrá que dar soluciones laborales a territorios como Asturias en los que se concentran la minería, la generación eléctrica con carbón y su tráfico.
La ministra señaló que, aunque se prevé un aumento de puestos de trabajo y de mayor calidad, "éstos no se materializarán en los mismos lugares" donde se pierdan. Para paliar esa situación, la Ministra abogó por "promover alternativas allí donde se vean particularmente afectados. En el Gobierno comprendemos este hecho y vemos con preocupación la transformación de estos territorios que pueden ver agravada su situación".
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, abrió la jornada señalando que "España tiene que subirse con firmeza al tren de la autonomía energética, de la innovación y de la responsabilidad social para no hipotecar a las próximas generaciones".
La directora de Minas del Principado, Belarmina Díaz, no fue tan optimista. "Desmantelar las térmicas en Asturias no afectaría sólo a sus empleos directos o a los del carbón, también a sectores como el transporte, el puerto y la industria asturiana electrointensiva", apuntó Díaz, que abogó por mantener la generación térmica en el mix eléctrico frente a otras "inmaduras" e insistió en que "no deberíamos olvidar el concurso del carbón ni imponerse fechas de cierre de forma precipitada e incluirlo en el mix hasta al menos 2035".
