Enagás ha puesto en marcha los trámites administrativos para legalizar la regasificadora de El Musel, que lleva más de seis años sin uso y cuya costrucción costó 382 millones de euros. Los trámites de autorización son posibles después del real decreto aprobado en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy que anuló la "hibernación" de la planta gijonesa que había aprobado en 2012. Por lo tanto, una vez legalizada, la regasificadora podrá ponerse en marcha, aunque todo indica que no lo hará con el cometido previsto inicialmente de introducir gas en el red nacional desde El Musel, puesto que aún no hay demanda suficiente de combustible.

Los planes de Enagás, el propietario de la regasificadora, pasan por utilizar la planta para el almacenamiento de gas para grandes comercializadoras aprovechando la posición entratégica del puerto asturiano en el arco Atlántico, o como centro para el repostaje de buques, el "bunkering", ya que el gas natural licuado (GNL) cada vez se utiliza más como combustible para la navegación y desde la Unión Europea se pretende fomentar su uso para reducir tanto las emisiones contaminantes como las de efecto invernadero. Todo ello si hay operadores interesados.

De momento el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias ha sacado a información pública tanto la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la regasificadora del puerto de El Musel como el estudio de impacto ambiental presentado por Enagás.

Hay que recordar que la planta ya contó con una primera autorización administrativa pero que fue anualada por los tribunales al no respetar la normativa ambiental entonces vigente para ese tipo de instalaciones, que posteriormente fue modificada. Con esos cambios, la regasificadora tenía encaje legal pero para tramitar la autorización administrativa se necesitaba que el Gobierno levantara una segunda barrera: la orden de 2012 que dejó en "hibernación" la regasificadora de El Musel para retener la entrada en servicio de nuevas infraestructuras ante el desfase que se estaba produciendo en la tarifa del gas. Ese obstáculo se superó la pasada primavera.

El 25 de mayo el Gobierno de Rajoy aprobó un real decreto que, entre otras medidas, restablecía la tramitación del complejo de gas del puerto de El Musel al suspender la orden de 2012. Además determinaba el procedimiento para evaluar si la puesta en operación comercial de la regasificadora de Gijón es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema gasista, en el que tendrán un papel protagonista tanto la Dirección General de Política Energética y Minas como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

También el 25 de mayo se aprobó una batería de medidas para impulsar la utilización de infraestructuras gasistas entre las que se se incluía una adaptación del marco regulatorio "para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de las existentes". A este respecto, desde el Ministerio se destacaron las medidas relativas al "bunkering" que "son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de GNL y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación".

El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, había reclamado anteriormente al Ministerio de Energía que estableciera ya un peaje de "bunkering" porque su ausencia está impidiendo que se desarrolle esta práctica en España. El propio Oreja había señalado durante una visita a Asturias que el "bunkering" era una de las opciones que se barajaban para utilizar la regasificadora de El Musel juntro con el almacenamiento de gas.