El procedimiento que se explica a continuación se repitió miles de veces durante los últimos años en Asturias: un contribuyente presentaba su declaración (autoliquidación) del impuesto de transmisiones patrimoniales o de sucesiones tras haber vendido o heredado una vivienda; a continuación, los servicios tributarios regionales verificaban el supuesto "valor real" del inmueble, aplicando sobre el catastral un coeficiente que varía según cada concejo; si el resultado era superior al declarado, algo frecuente, ese contribuyente recibía del Principado una liquidación complementaria conminándole a tributar más.
Esa era hasta este verano la principal herramienta de control fiscal que utilizaba de manera sistemática la Administración asturiana, un mecanismo controvertido que ha quedado desactivado después de que una sentencia del Tribunal Supremo sentara en mayo la siguiente doctrina en base a un litigio de Castilla-La Mancha: "El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata". ¿Que consecuencias tiene tal resolución? "Al realizar una comprobación de valor, la comunidad autónoma ya no puede aplicar solamente el método de multiplicar el valor catastral por el coeficiente", responde Ana Espiniella, abogada fiscalista de Vaciero. Alternativamente, si el Principado discrepa del valor de una casa, una finca u otro inmueble que declara quien lo hereda o quien lo vende deberá justificarlo ahora con una tasación o comprobación específica de ese bien. Al menos hasta que se apruebe para el conjunto de España el nuevo "valor de referencia de mercado", un trabajo que está realizando la Dirección General del Catastro para dotar a las autoridades tributarias de una nueva herramienta de control, esta vez más pegada a la realidad de los precios inmobiliarios.
El método de coeficientes descencadenó un aluvión de quejas en todo el país en el contexto de la depresión que sufrió el precio de la vivienda desde 2008. La combinación de la crisis y esa forma de control fiscal hizo que a menudo los contribuyentes fueran obligados a tributar como si los inmuebles que vendían o heredaban tuvieran un valor muy superior al del mercado. Ello permitió además a las autonomías mitigar la caída de recaudación en los tributos de transmisiones y sucesiones, que en Asturias suponen por encima de 180 millones de euros al año.
De la relevancia recaudatoria que tiene el control de los valores inmobiliarios dan cuenta los siguientes datos, referidos a 2016, sobre las verificaciones realizadas en Asturias mediante el método de los coeficientes: en ese ejercicio se realizaron 2.792 comprobaciones de bienes urbanos (pisos, locales, garajes, solares...) y fincas rústicas (prados, principalmente); el valor conjunto declarado por los contribuyentes había sido de 257 millones y el que determinó el Principado tras el test de los coeficientes fue de 316 millones; la diferencia (59 millones, el 23% más) dio a pie a la Administración tributaria para reclamar que muchos de esos propietarios y herederos pagaran tributos mayores.
Esas reclamaciones se hacen a través de las denominadas liquidaciones complementarias. Según se recoge en un informe del Ministerio de Hacienda, el número de esas liquidaciones emitidas por el Principado en 2016 superó las 2.700 en el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales y las 700 en los de sucesiones y donaciones. El importe agregado que el Principado pidió a estos contribuyentes rondó los 15 millones de euros.
Desactivado el uso del método de coeficientes como fundamento para hacer esas reclamaciones, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, señaló anteayer, en la Junta General, que tales índices siguen utilizándose, aunque sólo como "referencia" para la propia Administración y para los contribuyentes. Esto es, el Principado sigue contrastando los valores declarados con el resultado de los coeficientes, pero sólo puede actuar contra el contribuyente si añade un informe singularizado que certifique que el valor es mayor que el declarado.
