La fórmula para conciliar la demanda social de la revalorización de las pensiones y la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones con el control del déficit público y la sostenibilidad financiera del sistema sigue resistiéndose.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que tenía previsto anunciar ayer su propuesta para la revalorización futura de las pensiones, aplazó su reunión a la vista de la ausencia de consenso, la presentación de nuevas enmiendas y una propuesta alternativa por varios de los grupos políticos, y el deseo de varios partidos de seguir negociando de forma discreta, en la convicción -dijeron- que es más factible el acuerdo en pequeños círculos que en el seno de la comisión en pleno.
Los contactos prosiguieron por ello a varias bandas mientras en la calle un grupo de pensionistas se manifestaba ante el Congreso de los Diputados en exigencia de que la revalorización siga vinculada al índice de precios de consumo (IPC), como estuvo garantizado entre 1997 y 2013.
En la concentración se produjeron momentos de tensión cuando parte de los manifestantes derribaron algunas vallas que impedían el acceso al parlamento, lo que motivó que las fuerzas policiales antidisturbios formaran cordones de contención y forcejearan con quienes protestaban, aunque no hubo carga policial. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se sumó a los pensionistas y declaró que "no se les puede tratar a empujones".
La suspensión y aplazamiento de la sesión en la que la Comisión del Pacto de Toledo iba a elevar su propuesta para la actualización de las prestaciones se produjo al mismo tiempo que en la cámara baja la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, proclamó que el Gobierno no hará ninguna ley que establezca una fórmula de revalorización de manera "unilateral" -como hizo, dijo, el Gobierno del PP en la reforma de 2013- ya que la norma legal que se presente, señaló, debe emanar de los acuerdos del Pacto de Toledo y del diálogo social. "Las decisiones unilaterales no dan resultado", afirmó la ministra en respuesta al grupo de Unidos Podemos, partidario de que el Gobierno legisle e imponga por propia iniciativa la vinculación de las pensiones a la evolución del IPC.
La reforma del PP de 2013 desvinculó las pensiones de la inflación y estableció una doble fórmula que vinculaba el alza de las prestaciones a un rango entre el 0,25% anual en caso de déficit en el sistema y al IPC más 0,25% en el supuesto de superávit, lo que hoy no se atisba.
Mientras la inflación fue negativa no hubo protestas pero en cuanto el IPC superó el 0,25% la movilización fue creciente. Esto y la exigencia de partidos como PNV para pactar los presupuestos forzaron en abril al anterior gobierno, del PP, a suspender su propia reforma este año y el próximo y a demorar hasta 2023 la entrada en vigor ( prevista para enero) del factor de sostenibilidad, que iba a restringir aún más la actualización.
El Pacto de Toledo lleva dos años estudiando propuestas alternativas. Una de ellas baraja una fórmula mixta que incluye el IPC pero incorporando otras variables económicas. Los pensiones exigen el alza de la inflación como único criterio.
