La primera medida del Gobierno para tratar de evitar que siga subiendo la luz será rebajar los impuestos a las empresas eléctricas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer "la suspensión" del impuesto a la generación eléctrica, del 7%, con el convencimiento de que se trasladará a la factura de la luz que pagan las familias y las empresas. Además, anunció medidas, sin concretar, para ampliar los beneficiarios del bono social "a personas mayores y familias monomarentales" y la creación de un "bono social complementario térmico" para ayudar a pagar los gastos de calefacción a los consumidores más vulnerables a partir de este mismo invierno.
En su comparecencia en el Congreso, Ribera vinculó la escalada del precio de la luz de las últimas semanas con la subida del precio de materias primas como el carbón y el petróleo, y de los derechos de emisión de CO2. Además apuntó que con "el actual sistema marginalista de fijación de precios en el mercado mayorista, pensado hace dos décadas y en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, la volatilidad de precios va a ser durante tiempo una tónica". Por ello la Ministra volvió a defender "el abandono de las energías fósiles", que según sus cálculos permitirá ahorrar "400.000 millones de euros de aquí a 2030", el desarrollo de las renovables y una "revisión a fondo" del sistema eléctrico.
Ribera apuntó que abordar esos cambios "estructurales" requerirá consensos y que, de momento, el Gobierno adoptará medidas "paliativas" para evitar que se dispare el precio de la luz y que lo sufran el conjunto de los consumidores y especialmente los más vulnerables.
La primera medida "inmediata" será "suspender" el impuesto del 7% a la generación eléctrica, instaurado por el Gobierno del PP en 2012, para dejarlo a un tipo "prácticamente cero" lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0 y el 0,5 %), que determinará la Abogacía del Estado. Ribera indicó que se optó por suspender ese impuesto porque es la medida que "está en nuestra mano" -a diferencia de un rebaja del IVA que sería más compleja- y que "impactará de forma más rápida sobre el consumidor final". El PP la respalda y de hecho ya había presentado una proposición solicitándola. El portavoz popular en la comisión para el Cambio Climático, Guillermo Mariscal, calculó que "la rebaja en el precio final de la luz para las pymes y las familias en el recibo será de el 3%". Por su parte el portavoz de Podemos, Josep Vendrell, señaló que la medida "será un parche si no se acaban con los privilegios de las eléctricas".
El bono social térmico
Junto a la rebaja de impuestos a las compañías energéticas, el Gobierno "fortalecerá" el bono social ampliando el número de beneficiarios "a personas mayores y familias monomarentales", incrementando las campañas de información con la ayuda de los ayuntamientos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y con la creación de un "bono social complementario térmico" para que este próximo invierno no haya consumidores que no puedan calentar suficientemente sus hogares, como les ocurría en 2016 a 4,6 millones de personas. Ribera no ofreció más detalles e indicó que la medida se abordará "en un Consejo de Ministros muy próximo".
Asimismo, la Ministra anunció que antes de seis meses el Gobierno presentará una estrategia contra la pobreza energética y expresó la intención del Ejecutivo de incrementar los límites actuales de renta para tener derecho a los descuentos del bono.
Además de las medidas de choque que aprobará el Gobierno, Ribera dijo que son necesarias reformas estructurales, como la del mercado eléctrico, la fiscalidad sobre la energía para que las señales de mercado sean "coherentes" y regular ordenadamente el almacenamiento para conseguir precios de la electricidad estables. Manifestó su intención de modificar la Ley del Sector Eléctrico de 2013 especialmente en lo que se refiere al autoconsumo, para reconocer el derecho a autoconsumir sin cargos y simplificar los trámites administrativos para las pequeñas instalaciones. Para avanzar en la transición energética se impulsarán las renovables con la aprobación de un plan de repotenciación de instalaciones antiguas y una frecuencia en las subastas de nuevos megavatios más predecible. También habrá incentivos a los contratos bilaterales de venta de electricidad a largo plazo (PPA), fomento del ahorro y la eficiencia energética y una mayor protección al consumidor doméstico con medidas para clarificar la contratación del término de potencia en los hogares.
El portavoz de PP, Guillermo Mariscal, destacó que su partido está de acuerdo con la descarbonización pero que esa transición "debe adaptarse a las empresas y las familias". Apuntó que el cierre inmediato de las centrales de carbón y nucleares elevaría, según el informe del comité de expertos, un 40% el precio de la electricidad. Rivera contestó que "todo dependerá de cómo se regule el mercado" y lamentó el "tiempo perdido" para anticiparse a los efectos del cierre de minas y térmicas de carbón. No obstante aseguró que el Gobierno ofrecerá "alternativas solidarias y de reactivación en las comarcas mineras" y que esa estrategia de transición justa se financiará en parte con los ingresos obtenidos por el incremento de los precios de los derechos de emisiones de CO2.
