Una crisis concebida y gestada en el corazón del mundo financiero de Wall Street, magnificada por una expansión crediticia temeraria en las economías avanzadas y por una euforia desmedida de endeudamientos privados y especulación en el sector inmobiliario de muchos países ha sido tergiversada como un desplome económico atribuible a Gobiernos manirrotos, los mismos que tuvieron que encenagarse en una espiral de déficits y endeudamientos públicos crecientes a causa del desplome de los ingresos y como estrategia para, junto con los grandes bancos centrales, inundar el mundo de liquidez y acudir en auxilio de un sistema que se había situado al borde del colapso.
La crisis internacional que se manifestó desde 2007 en EE UU y que eclosionó con furia destructora en septiembre de 2008 -hace ahora diez años- arrasó millones de empleos y miles de empresas, forzó rescates costosísimos y causó un gran sufrimiento, mayor desigualdad y una enorme desesperanza. En este estropicio germinaron las pulsiones nacionalistas, autoritarias, proteccionistas y populistas que ahora amenazan la estabilidad y ensombrecen al mundo. Y con los perdedores de la crisis, también padeció la verdad.
Autorregulación. Una crisis emanada del principio de la no intervención de los poderes públicos, bajo la creencia de que los mercados financieros eran capaces de autorregularse de manera más óptima y eficiente de lo que lo pudieran hacer los reguladores públicos ("No hay nada en la regulación federal que la haga superior a la regulación del mercado", sostuvo durante años Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de EE UU), se ha reinterpretado como una crisis causada por la injerencia y protagonismo públicos, generadores de elevadas deudas soberanas. España fue un ejemplo nítido de cómo se desfiguraron los hechos.
Deuda. La atribución de la crisis en España al déficit y deuda públicos fue una vulneración de la realidad. España fue golpeada por la crisis económica internacional en 2008 tras tres años consecutivos de superávits presupuestarios y con una deuda pública del 36,1% del producto interior bruto (PIB), frente a un endeudamiento medio del 58,7% en los 28 países de la UE y del 66% de los 19 del euro. España era el decimocuarto país de 28 por el volumen de su deuda soberana. Hoy es el quinto estado más endeudado, con unos débitos equivalentes al 98,3% del PIB.
Frente a un endeudamiento del Estado de 362.307 millones al cierre de 2007, la deuda privada (en su mayor parte soportada y financiada por el sistema bancario) era de 2,11 billones (215% del PIB). Las familias adeudaban 913.400 millones y las empresas, 1,21 billones.
Unos tipos de interés bajos a causa de las fuerzas deflacionarias desencadenadas por la caída del comunismo, la integración de China en el comercio internacional, la globalización, la competencia internacional del factor trabajo y la revolución tecnológica, junto con una expansión del crédito por la liberalización de los flujos de capitales y la desregulación financiera, alimentaron una sobredimensión crediticia y una revalorización de activos. La conjunción de ambos factores creó una ilusión de riqueza que desbordó toda cautela. Se perdió la percepción de riesgo, las economías entraron en una vorágine de crecimiento apalancado y la fortísima demanda social y electoral de rebajas fiscales y supresión de tributos condujo a una política impositiva expansiva -y por ello procíclica- que retroalimentó aún más la espiral de gasto e inversión privados.
El fortísimo incremento de la demanda interna se sustentó sobre un creciente endeudamiento exterior de la economía española entre 1998 y 2007 (alcanzó entonces los 1,7 billones) y sobre un endeudamiento privado que superó en 5,8 veces la deuda pública. El ahorro del país era insuficiente para financiar una demanda nacional desbocada durante lo que se dio en llamar "el milagro español". España vivió durante un decenio por encima de sus posibilidades captando financiación extranjera (hasta 100.000 millones en el año previo al estallido de la crisis) para sostener su gasto e inversión.
Tras el derrumbe, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, halcón implacable de los desequilibrios presupuestarios, admitió el 8 de julio de 2012 que el problema de España no era su deuda pública. Veinticuatro días antes, el 14 de junio, en una intervención en el Bundestag (parlamento federal), la canciller germana, Angela Merkel, había identificado a la "burbuja financiera" durante "la década irresponsable" (1998-2007) como el auténtico mal español.
Como editorializó "The New York Times" el 2 de octubre de 2012, los problemas españoles procedían "del abrupto colapso", a causa de la crisis financiera internacional, "de una temeraria burbuja inmobiliaria en el sector privado, alimentada de forma artificial por el crédito barato". Y los inspectores de la "Troika" (UE, BCE y FMI) que llegaron a España tras el rescate de julio de 2012 emplazaron al Gobierno en su informe del 11 de diciembre de 2014 a vigilar "los grandes desequilibrios del periodo anterior a la crisis". Incluso Luis de Guindos, dos años antes de vincularse al PP y de ser ministro de Economía, había diagnosticado (25 de octubre de 2009) que España se enfrentaba a "una crisis inducida por el exceso de deuda en el sector privado de la economía".
El Plan E. El PP había dicho por el contrario desde 2008 que la crisis la había causado en España el derroche del Gobierno de Zapatero. Pero el conjunto del Estado había tenido superávit presupuestario en 2005, 2006 y 2007. Fue a partir de 2008 cuando el derrumbe de la economía abrió la sima de los déficits públicos en casi todos los países avanzados (se rondó el 7% de media en la UE y la eurozona en 2009-2010) por el derrumbe de los ingresos (y en España más porque las rebajas de impuestos de Aznar y Zapatero habían vinculado demasiado la capacidad recaudatoria a los ingresos tributarios de la burbuja inmobiliaria) y por el alza impetuoso del gasto en cobertura del desempleo. Esto se acrecentó porque los Gobiernos (en las cumbres del G20 en Washington en noviembre de 2008; Londres, en abril de 2009 y Pittsburg, en septiembre de 2009) se comprometieron a aplicar políticas de gasto y estímulo fiscal keynesiano del mismo modo que los bancos centrales salieron en tromba a dotar de liquidez al sistema y a rebajar los tipos de interés.
De no haber mediado esta gigantesca intervención pública, acrecentada con la monumental expansión monetaria de los bancos emisores, la mayor crisis internacional del siglo XXI podría "haber sido mucho peor", sentenció el expresidente del Tesoro de EE UU Henry Paulson el pasado día 12 en un coloquio en el Brookings Institution, de Nueva York.
Para imputar la crisis a aquella parte del gasto público que fue deliberado para amortiguar el desplome de la actividad hubo que reinventar las matemáticas. Aún hoy se repite que el drama (ahora ya sí lo es) de la deuda pública española fue generado por las políticas de estímulo fiscal de Zapatero. Sin embargo, el denominado "derroche" de la política anticrisis alcanzó la cifra total de 26.000 millones, según el cálculo que hizo el economista liberal Carlos Schwartz el 7 de julio de 2012. Y sólo con esta cifra no se pueden explicar los 793.495 millones en los que aumentó la deuda del conjunto del Estado desde 2008: 375.027 millones con Zapatero (hasta diciembre de 2011) y otros 412.271 millones de incremento con Rajoy hasta el 31 de mayo de 2018.
También es muy difícil de sostener que los 26.000 millones del Plan E y demás políticas de impulso de la actividad desde el presupuesto estatal causara la "quiebra" de España y argumentar al mismo tiempo que los 41.000 millones de endeudamiento causado por el rescate de julio de 2012 "son sólo 4 puntos de PIB", como dijo Mariano Rajoy al término del Consejo Europeo del 19 de octubre de ese año, y "no suponen un impacto elevado", como reiteró el 30 de octubre de 2013 en el parlamento español.
Gasto público. La teoría del gasto público como causante del drama económico español decae a la vista de los datos. Pese al raudo crecimiento de siete puntos de PIB entre 2007 y 2009, sobre todo por la fortísima destrucción de empleo (casi la mitad a causa del derrumbamiento del sector de la construcción), el gasto público español siempre fue inferior (aun en los peores años de la crisis) a la media del de los países de la UE y del euro. La diferencia nunca fue inferior a los 5 puntos de PIB, lo que significa que para igualarse con el promedio de la eurozona España debería haber incurrido en un desembolso adicional de al menos 50.000 millones de euros al año. Aún hoy, el gasto público español en relación a la riqueza nacional sólo es superior al de Irlanda, Chipre, Malta y ocho países excomunistas del Este europeo.
La atribución de la crisis específica española al gasto público tuvo muy buena acogida porque eximía al conjunto de la sociedad de cualquier responsabilidad en la gestación de los desequilibrios macroeconómicos españoles. El PP recurrió al argumento del gasto público en multitud de ocasiones: "El dispendio de los recursos públicos es lo que no ha llevado a la mayor crisis de este país", dijo Ignacio González el 23 de mayo de 2013 y en similares términos Soraya Sáenz de Santamaría el 21 de diciembre de 2016, Rajoy el pasado 1 de marzo y ellos mismos y otros dirigentes en otros momentos. Pero esta no fue la explicación de la crisis que la Comisión Europea le obligó a insertar en el "Boletín Oficial del Estado" al Gobierno de Rajoy el 10 de diciembre de 2012 para hacer efectivo el rescate. En el "Memorándum de entendimiento" se achaca la crisis específica de España al "largo periodo de fuerte crecimiento" (con Aznar y con Zapatero) "basado, en parte, en el auge de la demanda interna" financiada con "crédito". "Los bajos tipos de interés reales" (una vez contabilizada la inflación) "desencadenaron la acumulación de grandes desequilibrios internos y externos, así como la creación de una burbuja inmobiliaria". "La corrección súbita de este auge en el contexto de la crisis financiera internacional", agrega, "condujo a la recesión y a la destrucción de empleo".
Y, como escribió Luis de Guindos el 20 de diciembre de 2009, "el elemento diferencial de España en esta crisis viene dado por la destrucción de empleo. Sin el deterioro laboral resulta imposible explicar el déficit público".
