Podemos ha exigido al Gobierno un tipo mínimo del 20% en el Impuesto de Sociedades sólo para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos y mantener en el 15% el del resto de grandes compañías, al tiempo que ha urgido a limitar a cuatro años el plazo para las deducciones por pérdidas.
Podemos ha hecho llegar al Ejecutivo nuevas exigencias para poder apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, entre las que destaca subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2019, recuperar la cotización para las cuidadoras familiares o cambiar la regulación de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) para que el beneficio no distribuido tenga un tipo efectivo de al menos el 20 % en el Impuesto de Sociedades.
Estas nuevas propuestas se enmarcan dentro del nuevo documento 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado social' que ha presentado este lunes el secretario general de Podemos, Pablo IglesiasPablo Iglesia.
Entre las 54 páginas del documento, Podemos vuelve a rescatar la idea de un impuesto a la banca y aboga por que sea temporal, de cinco años aunque prorrogable por periodos iguales.
No obstante, la dirección de Podemos ve "lógico" que la banca aumente su tipo mínimo dentro del Impuesto de Sociedades.
La formación morada estima que con un aumento de 10 puntos porcentuales el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades a la banca hasta el 20 % podrían recaudarse cerca de 1.000 millones de euros el primer año y que el total acumulado en los primeros cinco años de vigencia del impuesto estaría en torno a 5.800 millones en total.
Además exige limitar a cuatro años el plazo para compensar bases negativas de ejercicios anteriores en las grandes empresas y revisar los requisitos y supuestos en los que las rentas derivadas de plusvalías queden exentas y no se incluyen en la base imponible.
También en el marco de un impuesto sobre transacciones financieras (ITF) reclama gravar la compraventa de acciones con un 0,2 % y la de los productos derivados con un 0,02 %, frente al 0,01 % que proponían inicialmente.
En cuanto a la exención por doble imposición para las empresas con beneficios en el extranjero, Podemos solicita que paguen un 5 % de ellos en España y sólo quede eximido el 95 %, aunque el requisito es que en el país extranjero donde hayan tributado lo hayan hecho por un tipo mínimo de al menos el 15 %.
Podemos continúa pidiendo que la subida del IRPF se establezca para las rentas de 120.000 euros anuales y no de 140.000 euros como ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En este sentido, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, considera abierta la negociación con Hacienda en torno a gravar los beneficios de más de 50.000 euros procedentes de las rentas de capital.
La propuesta de Podemos contempla bajar 3 puntos porcentuales el tipo nominal a las pymes que tengan una cifra de negocio inferior a un millón de euros anuales.
Podemos considera que con estas medidas, sumadas a otros cambios fiscales en las sociedades de inversión de capital variable (sicavs), el Estado podría ingresar unos 4.000 millones de euros adicionales cada año.
Precisamente en torno a una nueva regulación de las sicavs la formación morada exige que se controle el número real y efectivo de socios, se establezca un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas de cuatro años, así como un porcentaje de participación máximo para cada inversor del entorno del 5 % y un límite máximo de aportación para cada uno de los inversores.
También recuerda la creación de una tasa Google y propone un impuesto del 3 % sobre la facturación en España para las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo, una medida que reportaría al Estado cerca de 1.200 millones de euros al año.
Insiste en un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, con un tipo del 1 % calculado sobre el patrimonio para quienes tengan más de 10 millones de euros de patrimonio (recaudaría 1.500 millones anuales), así como gravar los negocios de las denominadas casas de apuestas y juegos.
"Un negocio que genera adicciones dañinas tiene que pagar más impuestos", incide la propuesta.
También reitera que hay que eliminar la exención del IBI de los bienes de la Iglesia y bajar al tipo superreducido el IVA a los productos de higiene femenina y devolver a los servicios veterinarios el IVA del 10 %.
Espíritu de la moción de censura
Por otro lado, Iglesias ha pedido a Sánchez que su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy se traslade a los Presupuestos de 2019 con medidas para bajar la factura de la luz, pinchar la burbuja del alquiler o subir el SMI a los 1.000 euros.
"El espíritu de la moción de censura debe traducirse en hechos y eso se hace a través de los Presupuestos Generales del Estado, que es la manera de convertir en números las propuestas políticas de Podemos", ha dicho.
En el mismo sentido, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha señalado que no hay democracia sin un Estado social que conlleva "justicia fiscal".
Iglesias ha destacado la fiscalidad que proponen para que paguen las grandes fortunas y los más privilegiados y para que el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades se acerque al nominal. "No estamos pidiendo la luna", ha ironizado.
También ha insistido en que los bancos se "solidaricen" con los trabajadores que han sufrido la crisis económica y en que las grandes compañías eléctricas paguen por sus elevados beneficios.
Ha criticado la ausencia de valentía de los Gobiernos para acometer cambios en la factura de la luz, al tiempo que ha abogado por cumplir con un derecho humano como es la vivienda. "Bajar los precios de los alquileres y dar mayores competencias a los ayuntamientos", ha insistido, con el fin de poder regular los precios en las áreas metropolitanas.
"Son propuestas que benefician a la mayoría social y deseamos que haya un entendimiento", ha dicho Iglesias, mientras la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos Ione Belarra ha señalado que en los presupuestos debe haber una rebaja de las tasas de las matrículas universitarias y escuelas gratuitas de 0 a 3 años.
Belarra ha recordado que las cuentas públicas deben contemplar la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad para que sean intransferibles.
