El Gobierno de España tendrá que contar con el carbón en sus planes de transición energética a medio y largo plazo. Se lo exige el Congreso de los Diputados, que ayer aprobó una moción de Foro Asturias contra el cierre de las térmicas respaldada por el PP y en la que el PSOE se abstuvo. La postura de los socialistas supone levantar ligeramente el pie del acelerador de la transición energética. El Gobierno del Principado y la patronal y los sindicatos de Asturias reclaman un tránsito pausado hacia las renovables que no dañe a la industria.
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendió ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a preservar la soberanía energética de España; a diseñar un plan a medio y largo plazo para la transición energética que fijara una participación equilibrada del carbón "como en Alemania y Polonia"; a presupuestar fondos para la reducción de emisiones de las centrales térmicas, y a promover modificaciones legislativas que introduzcan nuevos criterios para regular el cierre de las centrales.
Los cuatro puntos se votaron por separado y fueron aprobados los tres primeros, con la abstención del PSOE en el segundo y el tercero.
El PP fue el único partido que asumió sin cambiar una coma la propuesta de Foro. "Defendemos una transición energética justa y equilibrada, desde el Gobierno y desde la oposición, y desde Asturias y desde Madrid", señaló el diputado asturiano del PP Ramón García Cañal, que destacó que el informe de expertos encargado por el Congreso dejó claro que renunciar al carbón subirá más de 14% el precio de la luz.
Tanto PSOE como Ciudadanos habían presentado enmiendas a la proposición de Foro que fueron rechazadas por Oblanca porque, señaló, eliminaban toda mención a las centrales térmicas de carbón. El diputado del PSOE Ignacio Urquizu afirmó que la proposición sólo tenía como objetivo "enredar políticamente" y señaló que "si alguien entiende a las comarcas mineras ese es el PSOE". Afirmó que su partido defiende "una transición justa" , que el PP "incumplió" el plan de la minería y que ahora el Gobierno iniciará el diálogo con los agentes sociales.
La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, señaló que la política energética "debe hacerse a nivel de interés de país y no de comunidad autónoma" y reclamó un investigación sobre el uso de los "fondos mineros". El portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, afirmó que "el ciclo histórico del carbón llegó a su término" y que hay que centrar los esfuerzos en las alternativas.
El debate sobre la decarbonización se mantiene también fuera del Congreso. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló ayer en Pruvia que no ve motivos para adelantar en España el proceso de descabornización, que implicaría el cierre de térmicas, "cuando países como Alemania lo prolongan hasta el año 2050". Álvarez apostó por mantener el carbón como reserva estratégica de España y sobre los recursos que se destinen para la reindustrialización rechazó "hacer lo que se hizo en el pasado y que no ha funcionado".
Por su parte el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una entrevista del "El País", señaló "que el carbón no tiene viabilidad" y "el final será en 2020, 2022 o 2025. Primero porque España no tiene carbón. Si tuviera unas grandes reservas pues habría que pensarlo por el aspecto social. Pero estar quemando carbón de Colombia, de Rusia o Sudáfrica me parece... No es el caso de Alemania o Polonia, que tienen carbón". Galán también lamentó la falta de proyectos de futuro en las comarcas mineras afectadas: "con el dinero que hemos enterrado en las minas del norte, ya cerradas, si lo hubiéramos utilizado adecuadamente, aquello podría ser el Silicon Valley español".
