El Gobierno prepara una reforma de la figura del contrato de relevo, profusamente utilizada en Asturias, para fomentar el rejuvenecimiento de las plantillas en la industria. Tras los cambios introducidos por el Gobierno del PP en 2013, que endurecieron los requisitos de acceso, esta fórmula de jubilación anticipada prácticamente tenía fecha de caducidad con el fin de este año. Ahora, el Gobierno pretende garantizar su continuidad al menos en la industria. Grandes compañías asentadas en Asturias en Alcoa, Azsa o Arcelor-Mittal, que iniciará ahora la negociación de su nuevo convenio colectivo, han utilizado esa fórmula como principal vía de acceso y salida laboral de la empresa.

"Estamos trabajado en la reforma de la figura del contrato de relevo", anunció ayer Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, que apuntó que esos cambios ya se están analizando en la mesa de diálogo social, en la que están presentes las organizaciones empresariales y sindicales. "Fomentará el rejuvenecimiento de las plantillas de determinados sectores industriales, como por ejemplo el de la automoción, que precisa de una renovación del empleo en las cadenas de producción para mantener su competitividad", apuntó Maroto, que añadió que "la actual regulación que aprobó el anterior Gobierno en 2013 hace muy poco operativo este contrato y si no se reforma tenderá a su extinción a partir del 2019, de ahí la urgencia de este cambio normativo".

De forma muy resumida, esta forma de retiro adelantado consiste en que el asalariado reduce su jornada laboral (hasta un 75%) y su retribución pasa a ser pagada en parte por la Seguridad Social (pensión) y en parte por la empresa (salario), que ahorra en cotizaciones, y paralelamente el empleador está obligado a contratar a otro trabajador (relevista) que cubrirá la vacante. Sobre el papel, quien se jubila parcialmente queda obligado a trabajar el tiempo restante de su jornada hasta cumplir la edad legal de jubilación. Llegada esta, el trabajador cobrará la pensión íntegra.

La filosofía que inspiró la creación de esta forma de prejubilación remitía a la conveniencia de favorecer el rejuvenecimiento de plantillas y la transmisión de conocimiento entre los trabajadores veteranos y los recién llegados, sin embargo el anterior Gobierno detectó que se utilizaba masivamente como una fórmula privilegiada de jubilación anticipada y por ello endureció en 2013 los requisitos de acceso. En primer lugar, la edad mínima, que era de 61 años, se elevó para acompasarla con el aumento progresivo de la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Y también se elevaron de 30 a 33 los años de cotización necesarios. Así, la norma general para 2018 es la siguiente: la jubilación parcial es posible para quienes tengan al menos 62 años o de 61 años y 6 meses para aquellos que acrediten al menos 34 años y 6 meses de cotizaciones. Además se introdujeron cambios que aliviaban las cargas para la Seguridad Social y elevaban los costes para las empresas, lo que desincentivaron su uso. No obstante, todos esos cambios no afectaban, transitoriamente, a todas aquellas empresas que antes del 1 abril de 2013 tuvieran acuerdos laborales que incluyeran esa fórmula de contrato. Por esa vía mantuvieron sus contratos relevo con las viejas condiciones unas 800 empresas asturianas, pero esa excepción se extingue a 1 de enero de 2019. De ahí que la ministra Maroto augure la "extinción" de esos contratos si no se cambian los criterios y ante la demanda de sectores industriales y sindicatos ayer anunciara la reforma dentro se su agenda para la "España industrial 2030".

Por otro lado, Maroto aseguró ayer en el foro Nueva Economía que el Gobierno apuesta por una transición energética "que debe efectuarse de una manera ordenada y velando en todo caso por la competitividad de nuestro tejido empresarial".