04 de octubre de 2018
04.10.2018

Rato, a un paso de la cárcel tras confirmar el Supremo la pena por las "tarjetas black"

El también asturiano Estanislao Rodríguez-Ponga y otros trece condenados, en la misma situación

04.10.2018 | 00:58
Rato, a un paso de la cárcel tras confirmar el Supremo la pena por las "tarjetas black"

El exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato Figaredo (gijonés nacido en Madrid en 1949) está desde ayer en puertas de ingresar en prisión tras haber ratificado el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que en febrero del año pasado lo condenó a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida mediante el uso discrecional para costear gastos particulares de las tarjetas corporativas de Caja Madrid y Bankia, que eran además opacas al fisco.

En la misma situación se hallan el también asturiano y exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, a quien se le impuso una pena de tres años y dos meses, y otros trece de los condenados a los que se les impusieron condenas superiores a dos años.

El resto de implicados, hasta un total de 63 personas, podrían eludir la prisión. Entre ellos se halla el ovetense José Manuel Fernández Norniella, que fue secretario de Estado de Comercio, condenado a un año, y la también asturiana María Enedina Álvarez, que lo fue a dos años.

En total, la Audiencia Nacional procesó a 65 personas por el caso de las tarjetas, de los cuales uno no llegó a ser juzgado por haber fallecido antes del juicio, y otro, Miguel Blesa, antecesor de Rato al frente de Caja Madrid, y considerado como el ideólogo del sistema generalizado de tarjetas ocultas a Hacienda, se suicidó el 20 de julio de 2017 tras habérsle impuesto una pena de 6 años de cárcel. Con su muerte, se dieron por extinguidas sus responsabilidades penales, pero no las civiles, que se transmiten a sus herederos.

Tras el fallo del Supremo, conocido ayer, las condenas son firmes y ahora será la Audiencia Nacional la que decida la ejecución de sentencia, que previsiblemente, según la práctica habitual, conllevará el ingreso en prisión, en un plazo de unos diez días, de los condenados a penas superiores a tres años. Podrán elegir establecimiento penitenciario y, de no ingresar de forma voluntaria, se dictaría orden de búsqueda.

Los quince exdirectivos y exconsejeros con penas superiores a tres años (caso de Rato y Rodríguez-Ponga) podrían recurrir en amparo al Tribunal Constitucional pero sólo podrían alegar violación de garantías jurídicas durante el proceso y no el fondo de la cuestión, que ya ha sido juzgada y es firme. De ser aceptado un eventual recurso por el Constitucional -lo que suele ser muy restrictivo-, la Audiencia Nacional podría aplazar el ingreso en prisión, aunque otras fuentes aseguran, por el contrario, que no paralizaría el cumplimiento efectivo de la condena.

El Supremo confirmó la tesis de la Audiencia Nacional según la cual la alta dirección y consejeros de Caja Madrid y Bankia (entidad que fue rescatada con 26.000 millones de dinero público y cuya crisis forzó la petición de rescate por España en junio de 2012) infligieron una daño patrimonial a la entidad de 12,5 millones (9,3 millones durante la presidencia de Blesa, entre enero de 2003 y enero de 2020, y 2,6 millones bajo el mandato de Rato, entre febrero de 2010 y mayo de 2012) mediante el uso de tarjetas a sabiendas -dice el fallo- de que era un "procedimiento pervertido desde su origen para disponer de dinero a antojo", de que era ilegal y de que se ocultaba a la Agencia Tributaria.

Además de Blesa, Rato, Rodríguez-Ponga y Norniella -todos ellos, altos cargos de los gobiernos de José María Aznar (PP)-, entre los condenados figuran otros políticos de PP, PSOE e IU, empresarios, economistas y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

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