La sentencia del Tribunal Supremo que avala el impuesto autonómico asturiano sobre grandes establecimientos comerciales permitirá al Principado incorporar a su presupuesto ocho millones de euros en concepto de intereses por las cuantías no satisfechas por las empresas para liquidar el tributo. El impuesto fue aprobado en 2003 para compensar el impacto medioambiental de la actividad de dichos centros y registró desde su implantación una elevada litigiosidad, incluido el recurso de casación interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) resuelto ahora por el Supremo. Según la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, se trata de una noticia "muy positiva", que se une a anteriores resoluciones favorables al Principado.
