Investigadas siete grandes constructoras por acuerdos en licitaciones públicas

Fuentes de la CNMC evitaron precisar, debido al secreto de las investigaciones, si alguno de los contratos afectados está relacionado con Asturias. No obstante, documentación del caso a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA señala que las prácticas anticompetitivas que se investigan se iniciaron hace 17 años y se extienden hasta la actualidad y que están vinculas a "licitaciones públicas de construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios, incluyendo infraestructuras de tratamiento de agua, en todo el territorio nacional". Por lo tanto todo indica que podría haber contratos en Asturias.

El expediente sancionador tiene su origen en documentación encontrada durante la instrucción de otro expediente y que no tenía relación directa con el caso. En concreto se trata de varios correos electrónicos que llevaban adjuntos archivos en los que se recogía el resultado de reuniones semanales entre las constructoras Acciona, Corsán-Corviam, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Lain y Sacyr, que se autodenominaban el "G7", y en las que se discutían todas las licitaciones de elevado importe (generalmente por encima de 2 millones de euros) que las Administraciones Públicas habían sacado a licitación en la semana previa a la reunión (aproximadamente 80). Según la CNMC, a partir de ese intercambio de información las grandes constructoras "decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones".

Las obras incluían autovías, puentes, líneas de AVE, urbanización de terrenos, colegios, hospitales, viviendas públicas, bibliotecas, depuradoras...