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Alcoa sólo mantiene dos fábricas de las nueve que recibió en la privatización

El Gobierno saneó con dinero público el sector antes de vendérselo a la multinacional en 1998

El cierre anunciado por Alcoa para sus factorías de aluminio de Avilés y La Coruña supondría -de materializarse finalmente el cese de actividad- que la multinacional estadounidense se habrá desprendido en veinte años de siete de las nueve fábricas que en 1998 le vendió el Gobierno de Aznar durante el proceso de privatización del sector público empresarial. La multinacional estadounidense pretende reducir su presencia en España a las dos plantas que integran la unidad productiva de San Ciprián (Lugo): la que obtiene alúmina a partir del mineral de bauxita y la que -como las de Avilés y La Coruña- produce aluminio primario con la alúmina lucense como materia prima.

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El cierre o venta del 77,7% de las instalaciones fabriles de Inespal que el Estado le adjudicó a Alcoa se produce pese a que en la operación de venta, que entrañó pérdidas para el Estado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el ejecutivo de la nación optaron por la propuesta de compra de Alcoa frente a la de la canadiense Alcan porque ésta sólo mostró interés por un número reducido de factorías de Inespal (sólo ofertó por las plantas de producción básica) mientras que Alcoa se ofreció a quedarse con casi la totalidad (nueve de las once factorías), garantizando así su continuidad. Previamente, la SEPI había hecho una reducción de empleo en Inespal para hacer más atractiva la empresa (la fábrica de Avilés pasó de 600 trabajadores en 1994 a 450 en 1997) y el Estado asumió costes con cargo al erario público.

Alcoa, que en 1998 era líder mundial en la industria del aluminio, se quedó con todas las factorías de Inespal salvo las de las filiales Inespal Conversión, de Linares (Jaén), y Ferroperfil (fabricación y venta de matrices de acero y utillajes para la extrusión en caliente de perfiles de aluminio), que fue adquirida por sus directivos.

Las nueve que asumió estaban situadas en Avilés, La Coruña, Arteixo (La Coruña), las dos de San Ciprián (Lugo), Noblejas (Toledo), Amorebieta (Vizcaya), Sabiñánigo (Huesca) y Alicante. A estas instalaciones sumó otra en Irutzun (Navarra), que había sido de la compañía noruega del aluminio Norsk Hydro, y una de extrusión que ya tenía Alcoa en Valls (Tarragona), con lo que pasó a operar con once centros de producción en España, entre los de producción básica y los de transformación y acabado del aluminio.

La reducción de once a cuatro centros fabriles (localizados en Avilés, La Coruña y Lugo) se intensificó sobre todo en la última década. La planta de Arteixo fue aportada a la empresa Sapa, una sociedad mixta para actividades de extrusión del aluminio formada por Alcoa con la multinacional noruega Orkla. Sapa se hizo finalmente con el 100% y luego la cerró, con el despido de sus 70 trabajadores. La misma suerte corrió la de Noblejas, traspasada en primera instancia a una alianza con Sapa y posteriormente clausurada. Alcoa también vedió a Sapa la planta de Irutzun, con lo que ésta volvió a Norks Hydro una vez que en 2013 ésta se fusionó con Orkla. También pasó a Sapa la planta de Tarragona, previamente trasladada desde Valls a La Selva del Camp.

La de Sabiñánigo (Inasa) fue adquirida en 2009 por e fondo de inversión alemán Bavaria pero la planta entró en crisis y en el proceso concursal acabó en liquidación. Los activos fueron comprados por el grupo español Alibérico, que reabrió la instalación, que hoy sigue produciendo. Y las factorías de aluminio laminado (Alicante y Amorebieta) fueron vendidas en 2014 a Atlas Holding, un grupo de EE UU especializado en comprar negocios en dificultades para reestructurarlos.

Alcoa pagó 381,2 millones de euros por Inespal, pero se le descontó el importe de deudas anteriores del grupo público y otras cantidades por reclamaciones posteriores. La operación fue por ello deficitaria para el Estado, según admitió en aquella época la SEPI.

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