Alcoa verbalizó por vez primera en junio de 2012 la posibilidad de cierre de sus plantas de Asturias y Galicia, incluida entonces la lucense de San Ciprián, ahora eximida. El PP llevaba entonces gobernando seis meses. El argumento de cierre fue entonces el coste energético como causa única.
La situación se repitió en 2013 y de nuevo al año siguiente. Entre noviembre y diciembre de 2014 las plantas de Avilés y La Coruña estuvieron abocadas a la clausura con un expediente de extinción de contratos que se retiró el 23 de diciembre. La situación se replanteó de nuevo en la primavera de 2016, cuando Alcoa encomendó al banco de inversión Goldman Sachs bien la venta o la búsqueda de un socio para sus instalaciones españolas. Este movimiento coincidió con la división de Alcoa en dos sociedades: Alcoa y Arconic.
Ahora, seis años después del primer aviso, y a los cuatro meses del cambio de Gobierno, la compañía pretende iniciar el día 31 la negociación de un despido colectivo. En medios laborales se da por hecho que esta vez no es un mero amago.
