El pulso entre los trabajadores y la cúpula ejecutiva de Alcoa por el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña llegará hoy a los tribunales si la multinacional aluminera no frena la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) con el que pretende formalizar el despido colectivo de 686 personas (317 en Asturias y 369 en Galicia). El comité europeo, órgano sindical que coordina la representación de la plantilla ante la dirección continental de Alcoa, presentará hoy una demanda ante jueces holandeses alegando anomalías en el procedimiento utilizado por la empresa para comunicar e iniciar el trámite de los cierres. Los sindicatos intentan ganar tiempo mientras en otro frente, el político, el Gobierno central, de acuerdo con los autonómicos de Asturias y Galicia, trata de presionar a la dirección global con sede Pittsbourg (EE UU) para que se avenga a negociar alternativas al cierre (continuidad, venta...).
En Holanda. La crisis por el cierre de Alcoa entra en una semana que estará marcada por las gestiones que los sindicatos y la Administración desplegarán a distintos niveles. El primer hito se producirá hoy, cuando vence el plazo fijado por el comité europeo para que se frene el ERE. De no ser así, este organismo denunciará en Holanda, donde tiene su sede, que Alcoa ha incurrido en irregularidades al no respetar un proceso estatutario según el cual el citado comité debe ser notificado de los cierres con mayor antelación y consultado sobre ellos. El pasado jueves, el órgano sindical dio de plazo hasta hoy a Alcoa para retirar el ERE bajo amenaza de acudir a la Justicia para paralizarlo por "vulneración de los derechos de información y consulta". El propósito de la empresa es iniciar este miércoles, 31 de octubre, el período de consultas del ERE (un mes).
En Pittsburg. Paralelamente, los gobiernos están intentando que Pittsburgh se preste a abrir conversaciones sobre alternativas al fin de la actividad aluminera. El Ministerio de Industria intenta replicar la estrategia que acaba de usar con el cierre de la fábrica de aerogeneradores de Vestas en Villadangos del Páramo (León). En este caso, la corporación danesa accedió a parar temporalmente los despidos y a abrir una negociación directa con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica sobre alternativas industriales para esa zona del Páramo leonés.
El Gobierno central está haciendo gestiones, también a nivel diplomático, para persuadir a la dirección mundial de Alcoa de abrir un proceso semejante al de Vestas. Por el momento, Pittsburgh, como hizo antes la dirección española de Alcoa, ha transmitido que el cierre es irreversible y que la negociación se limitará al "plan social" (las condiciones de los despidos).
Hasta ahora, las únicas manifestaciones públicas del primer ejecutivo de la Corporación Alcoa - Roy C. Harvey, de 43 años- sobre los cierres fueron las siguientes, pronunciadas el mismo día del anuncio, el pasado miércoles, durante una presentación de resultados: "Estos tipos de comunicaciones nunca son fáciles debido al impacto personal que tienen en los empleados, sus familias y las comunidades. Pero estas dos plantas en España tienen problemas estructurales inherentes, incluida una tecnología más antigua y menos eficiente, lo que las hace globalmente poco competitivas. Estamos comprometidos a minimizar el impacto de cualquier resultado en los empleados y negociaremos con los representantes de los trabajadores para alcanzar un plan social".
En Madrid. Mañana, martes, podría conocerse si las presiones en EE UU ha tenido algún efecto. En esa fecha está previsto que se vuelva a reunir el grupo de trabajo que comparten gobiernos y sindicatos y al que se ha invitado a Alcoa. Las fuentes consultadas indicaron que en este encuentro la representación gubernamental será esta vez de alto nivel, con presencia de las ministras (Reyes Maroto y quizás Teresa Ribera). No está claro aún si acudirá Alcoa. Sí estuvo en una primera reunión del pasado jueves a través de Rubén Bartolomé, presidente de Alcoa España, y de otros directivos. El nivel de la participación institucional en ese primer contacto -las ministras no acudieron por encontrarse de viajes oficiales- había generado malestar entre la plantilla de Alcoa.
En Bruselas. El siguiente paso de la estrategia que coordina el ejecutivo central dependerá de la respuesta de Alcoa. Si no cambia el paso y persiste en no negociar, el Gobierno reforzará sus presiones desde Madrid y utilizará también el frente europeo, ahora latente. Los sindicatos son partidarios de pedir la intervención de la Comisión Europea y de hacerlo además aprovechando el contexto de las tensiones que existen entre Bruselas y la Administración de Donald Trump por las políticas proteccionistas de éste. Sin armas legales claras para impedir u obstaculizar las decisiones de cierre de Alcoa o de cualquier otra empresa, la baza es la presión política a través de comisarios u otros altos cargos. Los contactos han comenzado a nivel informal y los cierres de Alcoa han pasado ya por el Parlamento de Estrasburgo, a través de una pregunta dirigida a la Comisión y formulada por el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández. Entre quienes están al corriente de la situación está por tanto Antonio Tajani, actual presidente del Europarlamento y excomisario de Industria que medió con éxito en 2013 para evitar el cierre de Tenneco en Gijón y que intentó una intervención similar ante la liquidación de una planta de Alcoa en Cerdeña. En este último caso, la multinacional aluminera no cedió, aunque la fábrica italiana va a reabrir ahora con un nuevo inversor.
