La reforma del impuesto municipal de plusvalía sigue en fase de tramitación parlamentaria cuando están a punto de cumplirse 18 meses desde que el Tribunal Constitucional determinó que el tributo era parcialmente contrario a la Carta Magna. La alta magistratura sentenció que la ley reguladora de Haciendas Locales debía ser modificada para evitar que, como de hecho sigue ocurriendo al menos en parte de los ayuntamientos, se obligue a pagar el gravamen incluso cuando la plusvalía es inexistente.
El técnicamente llamado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana grava a las personas y empresas que venden solares, viviendas (por la porción del suelo que corresponde a cada piso) u otros inmuebles y también a quienes los heredan. Por ley, los ayuntamientos liquidan el tributo aplicando una fórmula que, partiendo del valor catastral, conlleva que en toda situación se produce incremento del valor del suelo. Aunque, por ejemplo, alguien haya vendido un piso o un terreno con pérdidas, algo muy frecuente tras la crisis inmobiliaria.
La litigiosidad que se generó por esos casos llegó hasta el Constitucional, que emitió su primera sentencia en febrero de 2017, referida a la legislación vasca. Desde entonces, hace 21 meses, la Administración y el poder legislativo saben que la regulación nacional, idéntica a la del País Vasco, debía ser sustituida por otra. Lo certificó otra sentencia del 11 de mayo de ese mismo año, de la que la semana que viene se cumplirán dieciocho meses. En todo este tiempo, ni los legisladores han reformado la norma ni se ha habilitado un procedimiento de devolución para resarcir a los contribuyentes que tributaron pese a que sus bienes habían perdido valor. Algunos indicios estadísticos relativos a los precios y a las transmisiones de inmuebles sugieren que hay miles de asturianos en esa situación.
"Presentamos la proposición para modificar la ley en marzo de este año para ser tramitada con urgencia, pero lo del 1 de junio (moción de censura y cambio de gobierno) y los aplazamientos acordados por otros grupos para formular enmiendas han dilatado el proceso", señaló Susana López Ares, diputada asturiana del PP e integrante de la Comisión de Hacienda se tramita la reforma. La propuesta popular elimina la tributación cuando no existe incremento de valor y establece un nuevo baremo para calcular la base imponible cuando sí existe. El texto determina también que el cambio se aplique con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, cuando fue notificada la sentencia del Constitucional, lo que conlleva que se devuelva al dinero a los contribuyentes que se vieron obligados a pagar desde entonces sin que hubiera incremento efectivo del valor del suelo.
¿Cuándo se desbloqueará la reforma y cuándo por tanto se pueden activar las devoluciones? Tras la fase de presentación de enmiendas en comisión, la ponencia de la ley, recién nombrada, debe iniciar sus trabajos y luego elevarlos al Pleno del Congreso. La tramitación se dilatará presumiblemente al menos hasta final de año.
Mientras tanto, algunos ayuntamientos han suspendido la recaudación del tributo, pero en otros sigue cobrándose incluso en los casos en que los contribuyentes acreditan con las escrituras públicas que no existió plusvalía. Las corporaciones locales se han quejado de pérdidas de ingresos y de la inseguridad jurídica que genera el retraso del poder legislativo.
