Alcoa no cede a la presión. La manifestación histórica que echó el 8-N a los asturianos en masa a las calles avilesinas para exigir a la aluminera que dé marcha atrás en los cierres de las fábricas de Avilés y La Coruña no tuvo eco en la multinacional estadounidense. Tampoco hay respuesta al frente político, que apremia a Alcoa a retirar los despidos y negociar. La empresa responde con un silencio al grito unánime de la sociedad asturiana e incide en que la única negociación que hay sobre la mesa es la de los despidos y el plan social para mitigar sus efectos, que se prevén devastadores.
Madrid quiere sentarse con Alcoa, pero Alcoa desoye ahora las llamadas. No hay comunicación entre el Gobierno y Pittsburgh, reconocen varias fuentes consultadas. Pudo haberla hace meses. Según ha podido saber este periódico, el presidente de la multinacional, Roy Harvey, intentó reunirse con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado junio, el mismo mes que el socialista asumió la presidencia del Gobierno y que el presidente ejecutivo de la multinacional visitó las plantas españolas.
Harvey estuvo en la fábrica de San Balandrán el 15 de junio. Fuentes sindicales sostienen que no habló de deslocalización, aunque tampoco pintó un escenario prometedor: "Nos habló de problemas con las materias primas, de una nueva tecnología que está preparando la compañía pero que no se puede implantar en Avilés, de la preocupación por el tema de las térmicas..." (acababa de entrar en escena el nuevo Ministerio de Transición Energética). Harvey informó al comité de que iba a mantener reuniones con los presidentes de los gobierno asturiano y gallego y que pretendía sentarse también con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Ese mismo 15 de junio Roy Harvey; el presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé y la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de Alcoa, Michelle O'Neill, mantuvieron una reunión en Oviedo con el presidente Javier Fernández y el consejero de Industria, Isaac Pola. Según las fuentes consultadas, fue un encuentro como tantos otros, como los que se producen de forma habitual con esta y otras multinacionales y en la que en ningún momento se atisbó plan de cierre alguno.
No hay constancia, en cambio, de que el máximo líder de Alcoa consiguiese sentarse a la mesa con el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ministerio de Industria señalaron a este periódico "que se mantuvieron contactos telefónicos desde el primer momento" con la multinacional. La primera reunión entre el nuevo Gobierno y Alcoa, "para hablar del tema energético", se produjo el 22 de agosto y en ella participaron el presidente de Alcoa en España, el asturiano Rubén Bartolomé, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco. En ese encuentro, según las mismas fuentes, no hubo referencia alguna a una posible deslocalización. Desde entonces, añaden fuentes del Ministerio de Reyes Maroto, hubo "varias conversaciones telefónicas y reuniones discretas con la empresa en septiembre y octubre". Sobre la reunión celebrada el jueves en Madrid no hay respuesta alguna.
Mientras, la plantilla desespera. La resaca del 8-N dejó un sabor agridulce en el comité. No tiene palabras para agradecer el grito unánime de las 50.000 personas que atronaron Avilés al grito de "Alcoa no se cierra", una respuesta ciudadana que insufló "ánimo" a la plantilla para continuar con su lucha. "Asturias quiere industria y que no cierre Alcoa. Que el Gobierno haga lo que tenga que hacer para que se revierta la situación. Asturias está diciendo '¡basta ya'. Están dilapidando todo lo que tenemos", subrayó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.
El jarro de agua fría vino de Madrid. El Ministerio de Industria, los gobiernos gallego y asturiano y los municipios de Avilés y La Coruña acordaron solicitar a Alcoa la suspensión del ERE extintivo, crear una mesa de trabajo con la compañía y lanzar una serie de medidas para aliviar la factura eléctrica. "La empresa ya ha dicho que se quiere ir con esas medidas que ya hay encima de la mesa: nos van a cerrar. Tenemos la sensación de que no hay diálogo alguno con la empresa al más alto nivel. Pues si Alcoa no quiere hablar (hizo lo mismo con el Gobierno italiano cuando anunció el cierre de Portovesme), el Gobierno tendrá que legislar. En Francia las multinacionales no pueden irse, tienen que vender por obligación", sentenció de La Uz. El sindicalista, además, teme que la celebración de una nueva subasta sea una debacle (es partidario de prorrogar los resultados de la última puja). "No sabemos si va a pujar por Avilés y Coruña, puede dejarnos tiraos con una subasta bochornosa", opina.
"El Gobierno lleva con el mismo discurso desde el 17 de octubre. Que se ponga a trabajar de una puñetera vez. Que se dejen de andar con las ramas. Si las ministras son incapaces de contactar con Alcoa, que lo haga el presidente del Gobierno o el Rey. Estamos cerrados, ¿no lo entienden? Creemos que no han conseguido hablar con Alcoa", protestó el ugetista Daniel Cuartas. "Necesitamos hechos. El 2 de diciembre los trabajadores empezarán a irse a casa", concluyó Sergio Sobrido (USO).
