Holm-Detlev Köhler (Torgau, Alemania, 1956), profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo y autor de numerosas investigaciones sobre relaciones laborales e industriales, procesos de crisis y reconversiones fabriles, y sobre empresas y sectores productivos, considera que para frenar los cierres fabriles que pretende Alcoa en Avilés y La Coruña es vital una alianza entre el Gobierno español y la Comisión Europea. Köhler, que acaba de iniciar un proyecto académico de investigación con su colega Sergio González Begega sobre este caso, responsabiliza a los sucesivos gobiernos españoles por la ausencia de una política industrial y acusa a la reforma laboral del PP en 2012 de facilitar a las empresas los cierres sin justificar. Defiende que la movilización social cumple una función importante en la búsqueda de salidas. Köhler es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Pedagogía Comercial, y doctor en Ciencias Políticas y Sociología.
- ¿A qué atribuye la decisión de Alcoa de clausurar sus plantas de Avilés y La Coruña?
-Es difícil saber cuál es la estrategia final que tiene la multinacional. Pero la política industrial es desde hace mucho tiempo inexistente e irresponsable. Uno de los factores es la gestión de la electricidad. No se puede dejar que plantas con alto consumo eléctrico vivan en perpetua inseguridad e indefinición sin poder calcular sus costes energéticos a futuro. Desde hace mucho tiempo no hay en España una política industrial coherente y definida. Otra factor es la reforma laboral.
- ¿Por qué ha sido dañina la reforma laboral del PP en 2012?
-Porque facilita a las empresas hacer este tipo de maniobras y de cierres sin ninguna justificación ni negociación. En lo que está ocurriendo hay una responsabilidad de anteriores Gobiernos españoles.
- ¿Y la política de subvenciones?
-Esta multinacional ha recibido subvenciones que había que haber vinculado a compromisos de mantenimiento de la actividad y del empleo. No puede ser que todavía el año pasado Alcoa aún cobrara una gran cantidad de ayudas públicas y que este año cierre.
- ¿Qué capacidad tienen los sindicatos para parar el desmantelamiento de estas fábricas?
-Tienen un comité europeo con derecho a ser consultado y que puede exigir una auditoría externa sobre las plantas afectadas antes de su cierre. Esto ayudó bastante a que la multinacional Tenneco reconsiderara el cierre de su fábrica de amortiguadores de Gijón, como tenía decidido en 2013, y acabara vendiéndola a otro inversor. La vía europea es jurídicamente complicada porque Alcoa va a alegar que se trata de una decisión de ámbito local, no transnacional, y que el comité europeo no es competente. Pero la deslocalización de la actividad va a ser transnacional y afecta a otras plantas del grupo, no sólo a las españolas.
- Los sindicatos han denunciado a Alcoa ante juzgados de Holanda por incumplir supuestamente ese requisito de consulta preceptivo. ¿Puede ocurrir que una sentencia incluso favorable a los sindicatos llegue tarde, cuando ya se hayan cerrado las plantas?
-Sí. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la clausura de la factoría automovilística de Renault en Vilvoorde (Bélgica).
- ¿Qué pueden hacer los gobiernos español, asturiano y gallego? ¿No están en una debilidad negociadora y sin capacidad presión, en una relación asimétrica con la multinacional?
-Si el Gobierno nacional consigue contactar con la Comisión Europea sobre este caso, sí tendría fuerza para citar a la empresa y negociar. La Dirección General de Industria de la Comisión Europea ha sido bastante receptiva últimamente a este tipo de negociaciones para evitar fugas de empresas. Un esfuerzo conjunto del Gobierno español y la UE sí podría ejercer suficiente presión sobre la multinacional.
- Se ha esgrimido la sanción tributaria española a Alcoa, y que ésta ha recurrido, como arma negociadora. ¿Sería legítimo?
-Se puede usar para forzar la negociación pero no como oferta para condonársela. Sería irresponsable. Cualquier actitud no honesta de la empresa en el pasado puede usarse para presionar pero no como medio de cambio.
- ¿Son útiles las movilizaciones de trabajadores y ciudadanos como la del jueves en Avilés y otras que hubo antes en Asturias y Galicia?
-Las movilizaciones tienen varias funciones importantes. Si se logra mantener la movilización durante tiempo, al menos es una presión para que el caso siga abierto y para que los políticos se sientan presionados y presionen a su vez a la empresa para buscar soluciones. Porque a la empresa directamente en principio le afectan poco. Sin embargo, hay precedentes en que una multinacional se vio comprometida: en el caso de Tenneco fue importante que un periódico de Chicago (donde la compañía tiene su sede) publicara un artículo sobre el caso de Gijón y las malas prácticas de la empresa en Europa. Hubo accionistas que llamaron a la dirección y le pidieron explicaciones. Y esto fue importante para que rectificara. Nunca se sabe la repercusión que pueda tener una movilización. Por eso es importante mantener abierto y caliente el caso. También porque influye en tribunales y servicios de mediación extrajudicial. Además hay otra función muy importante: la psicológica. Las movilizaciones masivas y el apoyo social es muy relevante para que los trabajadores y sus familias mantengan la moral y el ánimo.
